El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa) mostró que la pobreza continuó en aumento durante este año, al agravarse las condiciones económicas, sociales y de bienestar humano de los residentes en el país.
El trabajo de la organización dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) señala que la pobreza afecta a unas 17 millones de personas, mientras que casi la mitad de ese conglomerado son indigentes.
En pocas palabras: más de cuatro de cada 10 argentinos carecen de recursos para la compra de alimentos y de servicios básicos, además de otras condiciones que empeoraron su calidad de vida.
De ellos, la mitad no alcanza a consumir una dieta básica de alimentos para una supervivencia digna.
Los números son aterradores para un país como la Argentina, dotado de enormes recursos para producir alimentos y servicios esenciales a partir de la capacidad de sus recursos humanos.
Estas condiciones deberían facilitar la producción para las necesidades locales y para la exportación de electricidad, de agua, de gas natural y de elementos para la conectividad tecnológica.
El país recorrió, desde 2010, un camino inverso, más allá de la sucesión de gobiernos de distintos signos políticos y orientación económica.
La decadencia ha sido notable en ese período, aunque la última responsabilidad corresponde a la gestión de Alberto Fernández, que inició su mandato con la creación de la Mesa del Hambre.
Integrada por destacadas figuras de la política y del ámbito social, la Mesa sesionó en muy pocas ocasiones y finalmente fue disuelta, lo que habla del fracaso de ciertas acciones grandilocuentes de la política.
El trabajo del Odsa remarca que la pobreza aumentó 15 puntos porcentuales en la última década, al observarse un deterioro de la economía, de las condiciones sociales y del trabajo.
El balance anual del informe añade otros elementos a los que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que –al referirse a este tema– evalúa sólo si una persona o una familia tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica total y una canasta de alimentos.
En el primer semestre, la pobreza alcanzaba al 36,5 por ciento de la población, según el Indec, que difundirá su próximo informe, sobre este semestre, recién en marzo de 2023.
La campaña electoral para los comicios en distintos niveles de gobierno, concentrada por ahora sólo en las apetencias personales, debería mostrar a candidatos interesados en resolver este flagelo.
Sería bueno conocer de esos postulantes cómo mejorar el acceso a la salud y a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, al trabajo y a un hábitat saludable.
Todos estos elementos contribuirán no sólo a dejar atrás una pobreza estructural, sino también a mejorar las condiciones de vida en un país que posee las condiciones para sumarse a los de mayores estándares de vida.
En más de una década, el camino transitado fue a la inversa, pese al aspiracional en contrario de la sociedad.
