No debería sorprender a nadie lo ocurrido esta semana en dos favelas cariocas, con un saldo de más de 130 muertos –cifra que supera a la de algunos escenarios bélicos– y un número no difundido pero igualmente elevado de bajas colaterales. Tampoco debería suponerse que los dos mil kilómetros existentes entre Río de Janeiro y Córdoba son una valla imposible de trasponer. Todo lo contrario.
El operativo contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, no solo mostró escenas propias de una guerra civil, sino que desató un debate ideológico que no tiene demasiado sentido ante los hechos consumados. Como de costumbre, la discusión ha alineado a uno y a otro lado a garantistas y a punitivistas, defensores de la mano dura.
Los trágicos sucesos lastiman seriamente al gobierno del presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva en momentos en que anunciaba su voluntad de postularse para un cuarto mandato y mientras trataba de reacomodar su relación con el gobierno de Donald Trump.
Lo cierto es que estos episodios sangrientos corroboran que Latinoamérica queda demasiado cerca: allí están Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, El Salvador, Bolivia y México para contrastar.
Lo que se está viviendo en Brasil se aproxima demasiado al estado de guerra interna que México viene padeciendo como consecuencia de gobiernos que han participado de buen grado o por inopia de una corrupción que hoy parece irreversible. Allí no han dado resultado ni la represión indiscriminada ni las propuestas de “abrazos y no balas” del expresidente Andrés López Obrador.
En medio de los intentos frustrados, lo único que no se ha probado son las políticas de contención social que deben tener un largo horizonte temporal. Políticas basadas en educación, creación de empleo y prestación de servicios esenciales, como salud y seguridad, a efectos de contrastar la economía paralela que el narcotráfico crea sobre la base de una cruel desigualdad de oportunidades.
El choque ideológico patentizado en los sucesos de Río de Janeiro pone de un lado a quienes creen que se trata de acentuar la política represiva, ejecutada por estados ausentes; y del otro, a quienes están anclados en uno de los preceptos más dañinos del progresismo latinoamericano, ese que asocia pobreza con delito y sostiene que se debe tolerar lo que sea que hagan quienes padecen necesidades agudas.
Entretanto, en algunos barrios de Córdoba puede apreciarse cómo el narco trata de ocupar los espacios que el Estado resigna. Lo hace creando trabajo –ilegal, pero trabajo al fin– y brindando asistencia y hasta seguridad.
Lo que urge es establecer políticas de largo plazo en las que el Estado haga su parte, esa que nadie más puede realizar, y que desde una y otra vereda se deje la práctica de los debates estériles que nada aportan: el punitivismo y el garantismo han obrado lo suyo para dejarnos donde hoy estamos. Urge entenderlo antes de que sea tarde.
