Nadie lo admite públicamente. Pero es evidente que la modificación de la ley provincial 10.406, que reformó el Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal para permitir un nuevo mandato a intendentes y a jefes comunales que fueron reelegidos en 2019, está en plena discusión.
Lo informamos el pasado diciembre y lo ratificamos esta semana. Lo reconocen fuentes del Poder Ejecutivo, miembros de la Legislatura e intendentes radicales, peronistas y vecinalistas.
Nadie asume la autoría del proyecto, porque se busca evitar los costos políticos que implicará, ya que la dirigencia en su conjunto es consciente de que la sociedad lo juzgará de manera negativa.
Aquella ley se votó en 2016 y prohibió la re-reelección para intendentes, concejales, tribunos de cuentas, integrantes de comisiones comunales y legisladores provinciales, al establecer que sólo serían posibles dos mandatos consecutivos.
Como la ley entendió el período 2015-2019 como el primer mandato por considerar, en 2023 por primera vez obraría como un freno para muchas candidaturas: quienes fueron reelegidos en 2019 no podrían aspirar entonces a un tercer mandato.
El flanco débil de la ley es su retroactividad. Fue sancionada en 2016, pero se retrotrae a 2015, para tomar la elección de aquel año como su punto de partida. Y las leyes no pueden legislar hacia el pasado, sino hacia el futuro. La cuestión ya se discutió en diciembre pasado en provincia de Buenos Aires, donde se había aprobado una ley similar durante la gobernación de María Eugenia Vidal, y se la reformó en el sentido que anhelan los intendentes cordobeses: el primer período por considerar debiera ser el cuatrienio 2019-2023, de modo que la ley impactaría sobre algunas candidaturas recién en 2027.
La diferencia, no menor, es que en Buenos Aires cambió el signo político que gobierna, mientras que en Córdoba no sólo es el mismo, sino que, además, el gobernador también es el mismo. ¿Cómo desdecirse? Echarle la culpa a la anterior gestión es imposible.
En consecuencia, los intendentes no pueden esperar que el Ejecutivo promueva la modificación. Esperan, eso sí, con cierta ingenuidad, que el Gobierno los convoque a una reunión: escenario poco probable si nadie hace el pedido previamente. En ese contexto, es obvio que ningún legislador se arriesgará a redactar el proyecto de reforma que todos desean.
La única alternativa para destrabar la situación sería un planteo conjunto de intendentes de distintos espacios políticos. ¿Habrá quienes estén dispuestos a dar el primer paso? Serían casi 300 las municipalidades y las comunas donde sus actuales autoridades necesitan cambiar la ley para intentar un nuevo mandato. Es difícil imaginar que unos pocos estén dispuestos a asumir un requerimiento que beneficiaría gratuitamente a tantos otros. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo se hace para coordinar confidencialmente una acción semejante entre tantos políticos para que nadie saque ventajas?
Con todo, si se decidiesen a actuar, estarían avalando la idea de que los políticos se apañan unos a otros para contar siempre con un marco legal que no los restrinja, sino que los favorezca.
