El Gobierno nacional dio un paso político importante con la sanción en la Cámara de Diputados de la denominada “ley bases 2″ y de la reforma impositiva. El megaproyecto contempla la modificación de ciertos artículos de las leyes laborales.
Ambos proyectos deben ser debatidos ahora por el Senado, en el que se anticipa un trámite más complicado para el oficialismo, dado que la oposición cuenta al menos con 33 legisladores sobre 70 integrantes.
Allí apunta la presión del sindicalismo organizado, en el intento de corregir algunas de las modificaciones aprobadas para contratar personal y para favorecer el registro de trabajadores en las pequeñas y medianas empresas.
Una declaración de ese sector estima que se podrían generar un millón de puestos registrados, a partir de la ampliación del período de prueba a seis meses y por la eliminación de multas por la existencia de empleados informales en los establecimientos. Lo que por cierto deberá comprobarse en los hechos
Los artículos aprobados en Diputados incluyen la modificación de las indemnizaciones por la conformación de un fondo con esa finalidad, pero el cambio debe ser incluido de común acuerdo en los convenios colectivos.
Si bien la reacción del sindicalismo era previsible, hay ocho millones de trabajadores no registrados, tanto en actividades comerciales, industriales y agropecuarias, y era necesario hacer algo al respecto.
El anunciado paro del transporte aéreo, terrestre y marítimo para el próximo lunes y el paro general del jueves 9 de mayo conforman una reacción exagerada de parte de la CGT, más si se tiene en cuenta la pasividad que tuvieron frente al Gobierno anterior
Los gremios enfocan sus acciones en mantener las prerrogativas de sus afiliados, pero existe un número igual o mayor de trabajadores que reclaman por un salario registrado digno y por los aportes a una obra social y al régimen jubilatorio.
La central obrera logró quitar del proyecto oficial la eliminación de la ultraactividad, que es la permanencia de los convenios mientras no se acuerde un texto nuevo.
En la Argentina, hay convenios con una antigüedad de 50 años, que refieren a tareas que no se condicen con las prácticas modernas, con el uso de la tecnología ni la sustentabilidad de la producción industrial.
La CGT también logró que se eliminara la aplicación de severas penas para el bloqueo a empresas, una práctica común de gremios como camioneros y lecheros, que ya provocaron el cierre de numerosas pymes.
También pudo mantener “el aporte solidario” de los no afiliados en los convenios privados, lo que constituye una exacción, dada la actual coyuntura económica.
El sindicalismo argentino debe entender los cambios globales que existen en la producción y en la interacción que generan las nuevas tecnologías, incluido el uso de la inteligencia artificial, así como los nuevos perfiles laborales.
Esa actitud debe ser puesta en la mesa de negociación con las autoridades nacionales, respaldadas en la última elección.
La opción por las medidas de fuerza y las respuestas inadecuadas sólo contribuirán a deslegitimar cada vez más la acción gremial.
