En los casi 11 meses de gestión de Javier Milei, el cuidado de la salud aparece como un método de prueba y error, basado en el monto de los recursos económicos que se usan para atender a millones de argentinos.
La actual gestión no había previsto la creación de un Ministerio de la Salud hasta que la realidad social y la compleja trama de la atención de pacientes obligaron a separar esa área de la de Capital Humano.
Desde entonces, se sucedieron varios funcionarios, con diferentes perfiles y orientación sobre cómo atender y mejorar uno de los pilares para el desarrollo del país, que es la salud de sus habitantes.
En principio, el Gobierno liberó la cuota que cobraban las empresas de medicina prepaga, lo que provocó múltiples protestas y una importante fuga de afiliados que se refugiaron en el subsistema público.
La idea libertaria terminó siendo una carga para el Estado, al multiplicarse la cantidad de pacientes, además de que la mayoría de ellos arrastraba patologías que el subsistema privado se rehusaba a atender.
Ahora, la resolución 3.934/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) restringe la atención de las enfermedades graves a los profesionales que están incluidos en la cartilla de los grupos cerrados de las empresas de medicina prepaga.
Lo confuso del anuncio oficial obligó a la SSS a emitir un comunicado con aclaraciones sobre el alcance de esa norma, que será precisado la semana próxima con otra resolución o un decreto oficial.
La disposición de usar sólo el profesional que figura en la cartilla y que conoce la historia clínica del paciente se limitará a enfermedades definidas como de alto precio o catastróficas.
Esa precisión alcanza a las oncológicas graves, a las poco frecuentes, a los trasplantes, a la atrofia muscular espinal, a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y a la enfermedad fibroquística, entre otras.
Es justo señalar que existían abusos en las recetas de medicamentos costosos y en el tratamiento de las mencionadas enfermedades, como así en ciertos dictámenes judiciales que ponían en riesgo la subsistencia del sistema de atención de la salud.
Por el contrario, esa limitación puede dar pie ahora a demoras imposibles de soportar por parte de los cuerpos alcanzados por tales trastornos.
La atención de la salud necesita una coordinación entre los distintos subsistemas, para que el servicio sea eficiente en materia económica y, a la vez, produzca respuestas satisfactorias a los enfermos.
El legítimo interés de las empresas de medicina prepaga por obtener un rendimiento que satisfaga sus inversiones no debe convertirse en una dilación en el servicio de las enfermedades complejas.
El uso –por ende, el precio– de los medicamentos, de la aparatología y de las prácticas digitales requiere un equilibrio y una prescripción sensata y acorde con las reales urgencias del país.
La sobreprotección y la sobrefacturación deben ser desterradas, sin descuidar los reales servicios que demandan millones de pacientes.
Será la forma de construir el mejor capital humano para los desafíos que afronta la Argentina.
