El Ministerio de Capital Humano detuvo la puesta en marcha de las cinco nuevas universidades nacionales creadas el año pasado por medio de una ley (Delta, Pilar, Ezeiza, Madres de Plaza de Mayo y Río Tercero) y anuló el nombramiento de los rectores organizadores.
La resolución, como es lógico, desconcertó a las autoridades en Río Tercero. El intendente Marcos Ferrer le solicitó una audiencia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y se comunicó con el gobernador Martín Llaryora para evaluar alternativas que permitan poner en marcha la universidad.
Por un lado, según Ferrer, “la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT) no le genera ningún gasto al Estado en el marco del ajuste fiscal que lleva adelante”. Y agregó: “Es una medida a la cual no le veo mucho sentido. El rector trabaja ad honorem y en el presupuesto 2023, con el cual se están manejando las universidades nacionales, la de Río Tercero no está incluida’'.
Por otra parte, la UNRT comenzaría dentro de este semestre el dictado de al menos dos tecnicaturas, de acuerdo con lo anunciado por el rector organizador Pablo Yannibelli hace pocas semanas.
La decisión del Gobierno nacional, entonces, no presenta razones de peso y parece ser así extemporánea e inconsulta.
La UNRT sería una universidad-escuela y contaría con tres o cuatro áreas. Eso implicaría, dentro del programa universitario nacional, la implementación de propuestas formativas que permitan al alumnado contar con competencias técnicas para su inserción laboral en escenarios de constante cambio tecnológico.
Una universidad-escuela ofrece trayectos de corta duración, a través de tecnicaturas universitarias relacionadas con demandas laborales específicas en los sectores productivos y de servicios locales y regionales. Por lo tanto, establece una fuerte vinculación con las necesidades de su zona de influencia.
A propósito, hasta fines del año pasado, la UNRT había firmado unos 30 convenios con instituciones y empresas de la ciudad y del Departamento Tercero Arriba. Por ejemplo, con las empresas químicas Atanor y Petroquímica Río Tercero y la empresa de servicios industriales Domínguez Hermanos, las asociaciones profesionales de ciencias económicas, ingenieros y abogados, y diversas organizaciones no gubernamentales.
La oferta educativa de la UNRT apuntaría, en principio, a la innovación tecnológica, el desarrollo y la gestión productiva, y a temáticas vinculadas a la gobernanza y la territorialidad.
Eso abarca carreras de programación, ciberseguridad, ciencia de datos aplicados, inteligencia artificial y logística, la ingeniería, los agronegocios, la agrotecnología y el diseño (industrial, tecnológico, muebles, textil y del calzado, entre otros), las ciencias de la salud (incluida la salud mental y la enfermería), las relaciones humanas, la gestión pública, la gestión cultural, la educativa y el turismo.
Por todos estos elementos, el proyecto, de por sí, es un excelente argumento para reclamar su continuidad. Pero, además, hay una necesidad social de por medio: en esa región, la cantidad de graduados universitarios está por debajo de la media nacional, sobre todo si se la compara con los grandes centros urbanos.
El Gobierno no puede ampararse en su proclamado ajuste fiscal para incumplir la ley que creó la Universidad de Río Tercero.
