El Gobierno nacional auditará las pensiones no contributivas por invalidez laboral (PNCIL), con más de un millón de beneficiarios, para garantizar que hayan sido otorgadas únicamente a quienes cumplen con la normativa vigente.
El análisis estará a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami).
El objetivo principal de una auditoría es dar mayor transparencia al sistema que se investiga, ya que se busca verificar si los recursos públicos fueron empleados de acuerdo con los criterios fijados. Así como en este caso hablamos de pensiones no contributivas, recordemos que el año pasado el Gobierno procuró instalar la idea de que las universidades públicas rechazaban ser auditadas, lo que no era exactamente así.
Entonces, una auditoría es un procedimiento necesario que debe realizarse de manera periódica para detectar irregularidades en cualquier repartición pública. Con todo, no equivale a un procedimiento exhaustivo que implique, en la práctica, hacer de nuevo el trámite bajo análisis desde el primero al último tramo, que es lo que el Gobierno pretendería en el caso de las pensiones no contributivas.
El anuncio oficial marca cuatro etapas: en la primera, se cita por carta documento al beneficiario para que presente la documentación que acredita su incapacidad ante un médico de Pami; en la segunda, los profesionales de Pami pueden realizar entrevistas y controles médicos para verificar la situación de cada persona, incluidas evaluaciones físicas y psicológicas, según corresponda, para determinar si el beneficiario cumple con los criterios de invalidez laboral.
En la tercera etapa, intervienen los técnicos de la Andis, que analizan la documentación presentada —según las autoridades, una revisión completa de los informes médicos, los antecedentes laborales y cualquier otro documento relevante.
En la última etapa, se emiten el dictamen y la resolución correspondiente, que determinan si el beneficiario cumple con los requisitos para percibir la pensión o si corresponde la suspensión de esta.
Así las cosas, las personas que conserven su pensión tendrán su expediente rubricado por funcionarios de la actual gestión, como si recién ahora hubiesen recibido el beneficio. Y como a los primeros que se investigará es a quienes perciben la pensión desde la gestión de Alberto Fernández, la auditoría debiera evitar los prejuicios políticos o ideológicos.
En un año electoral, no sería correcto que el procedimiento perdiera su razón de ser a expensas del show mediático que podría montarse con algunos resultados. Ya lo vimos el año pasado, cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en junio, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, en julio, denunciaron supuestas negligencias en el otorgamiento de pensiones por discapacidad. Adorni llegó a exhibir la radiografía de un perro como si la hubiera presentado un beneficiario. Un extitular de la Andis lo refutó: publicó la constancia del rechazo de aquel expediente.
Argentina necesita mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Pero tratar de alcanzarla de manera que el oficialismo capte datos para desprestigiar a la oposición no ayudaría a lograr ese objetivo.
