Los sectores afines al gobierno de Alberto Fernández en el Congreso Nacional buscan sancionar el proyecto de Presupuesto 2022 antes de fin de año.
En el primer debate en comisión de la iniciativa que establece los gastos y recursos del Estado, la oposición señaló varias incongruencias del texto respaldado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El proyecto prevé un crecimiento de cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB), una inflación de 33 por ciento y un dólar oficial a 131 pesos para diciembre del año próximo.
Guzmán admitió que la suba de precios podría ser mayor, pues los aumentos se aceleraron tras la elaboración del cálculo anual.
El relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central prevé que la inflación de 2022 será de 52,1 por ciento.
Pese a la fuerte suba de los precios en los últimos meses, el Ministerio de Economía no corrigió el actual proyecto de gastos y recursos.
Esa falta de coherencia conlleva una intencionalidad política, ya que los mayores recursos –por el impacto de la inflación en el pago de impuestos como el IVA y los ligados a la actividad económica– podrán ser adjudicados discrecionalmente por el Gobierno nacional.
Esto ya sucedió en las recientes campañas electorales, cuando gobernadores e intendentes peronistas fueron beneficiados con aportes no reintegrables del Tesoro, ayudas oficiales y promesas de obras públicas que no estaban incluidas en el cálculo vigente.
Del mismo modo, esos recursos pueden ser destinados a gastos partidarios, como sucedió con los fondos para el acto por el Día de la Democracia y de los Derechos Humanos, además de los subsidios al transporte para liberar viajes en colectivos y en trenes.
Otra incongruencia es que no se prevén pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando existe un vencimiento en marzo próximo de unos 2.800 millones de pesos.
Al mismo tiempo, se prevén créditos de organismos internacionales por 12.500 millones de dólares, sobre los cuales no se dieron explicaciones. Otra vez, sobrevuela la sospecha de discreción y de intencionalidad política.
El apuro por sancionar la iniciativa se justifica en la necesidad de enviar una señal al FMI, aunque prohija la obtención de recursos extraordinarios para el uso partidario.
La inflación carcome los ingresos fijos de los empleados del sector públicos y de los jubilados nacionales.
De modo indirecto, constituye un ajuste fiscal, sin que se presente como tal, dada la prohibición conceptual que existe en el oficialismo sobre el uso de esa herramienta de política económica para contener la suba de precios.
Otro error básico es que el Presupuesto termina legislando sobre cuestiones impositivas, cuando está prohibido hacerlo a través de este tipo de instrumento. Para ello se requiere de proyectos alternativos.
Las contradicciones de la gestión de Alberto Fernández son visibles en las distintas áreas de gobierno, en los discursos oficiales y hasta en la política exterior.
Pero los legisladores no están obligados a aceptarlas en el texto que debe ordenar el funcionamiento del Estado nacional en 2022.
