Argentina atraviesa un escenario económico sumamente complejo, donde la inflación continúa ganando la carrera contra los ingresos de la población. Al cierre de 2025, los datos oficiales y los informes de consultoras especializadas reflejan una realidad ineludible: desde los sueldos del sector privado y del público hasta las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), todos perdieron terreno frente al aumento sostenido de precios.
Esta erosión del poder adquisitivo no es un fenómeno aislado, sino una tendencia que se profundizó de manera aguda en el último trimestre del año, lo cual ha generado un panorama incierto debido al salto en el índice de precios al consumidor (IPC) de enero, que sugiere que el deterioro puede continuar.
La situación de los empleados estatales es particularmente ilustrativa del ajuste actual. Los salarios nacionales sufrieron caídas reales tanto respecto de noviembre como en la comparación interanual del último trimestre. Así, se acumuló un deterioro promedio del 9,7% a lo largo del año.
Aunque los sueldos de los empleados provinciales de Córdoba mostraron un deterioro menor, el conjunto del empleo público formal –que supera los 3,2 millones de trabajadores en todo el país– se encuentra un 14,7% por debajo de los niveles registrados en el primer tramo de 2023.
Esta dinámica de retroceso se replica en el sector privado formal, que ya encadenó cuatro meses consecutivos de caída en el salario real. Esa situación afecta a un universo de más de 6,2 millones de trabajadores bajo convenio.
Sin embargo, el impacto más doloroso de esta crisis se observa en los ingresos no laborales, que constituyen el sustento básico de la población con mayor vulnerabilidad social. Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que alcanzan a 7,5 millones de jubilados y pensionados, mostraron pérdidas reales contra la inflación al finalizar 2025.
Resulta especialmente preocupante el retroceso de la Tarjeta Alimentar, que perdió casi un cuarto de su poder de compra en un solo año, lo cual ha impactado en la seguridad alimentaria de más de 600 mil beneficiarios.
Del mismo modo, las pensiones por discapacidad y la AUH, que beneficia a más de 4,4 millones de niños y adolescentes, comenzaron a ceder ante la aceleración inflacionaria y pierden el impulso que habían mostrado en períodos previos.
La magnitud de esta crisis salarial no puede ser soslayada a la hora de implementar políticas económicas. Estamos ante una realidad en la que millones de familias ven cómo sus ingresos mensuales resultan insuficientes.
En ese sentido, es necesario que el Gobierno nacional afine las medidas tendientes a promover la producción y el trabajo. No basta con ajustes nominales que enseguida son devorados por el costo de vida: se requiere una estrategia integral que priorice la recuperación del salario real. Lograr una recuperación lo antes posible es una necesidad social para garantizar la estabilidad y el bienestar de todos los argentinos.
