El Gobierno nacional liberó en forma total las exportaciones de carne, incluidas las de los siete cortes más populares, cuyos precios permanecían virtualmente congelados desde hace dos años, además de las restricciones para las ventas al exterior.
La decisión, instrumentada a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), apunta a incentivar la producción bovina, tras años de caída del stock ganadero en la Argentina.
La gestión anterior, bajo falsas premisas, intentó regular los precios de la carne, dada su elevada incidencia en la dieta de los argentinos y el impacto en el índice de precios.
El gobierno de Alberto Fernández, al igual que las administraciones kirchneristas entre 2003 y 2015, adoptó regulaciones y controles, para beneficiar a los sectores populares, pero –a largo plazo– los resultados fueron negativos.
La inflación se había tornado incontrolable en los últimos meses de gestión de Fernández, sumada a las medidas que adoptó Sergio Massa, con el objetivo de favorecer sus chances electorales.
El gobierno de Javier Milei puso en marcha la liberación de los precios de los alimentos y de los combustibles, que llevaron al índice de precios en torno al 30% en diciembre último.
Esa cifra, o algo menor, podría repetirse este mes, con un paulatino descenso en los próximos períodos, para alcanzar a mediados de año una inflación de un dígito, según proyecciones oficiales.
La caída del poder de compra de asalariados y jubilados provocará, por contrapartida, que la disparada de los precios de la carne, entre otros alimentos, comience a moderarse, como está sucediendo en la realidad.
Sin embargo, ese proceso para encontrar un punto de equilibrio entre la demanda y la oferta puede llevar meses, en los que los sectores más vulnerables sufrirán una restricción alimentaria.
El tiempo que demanda alcanzar el punto de convergencia que proponen las leyes del mercado puede colocar a millones de argentinos en situaciones de pobreza y de marginalidad extremas.
De allí que, basado en ese ordenamiento, el Gobierno debe promover un aumento de la oferta de bienes.
En el caso de la carne vacuna, por caso, es factible el ingreso de productos alternativos, desde los países vecinos, entre otras acciones.
El casi seguro aumento de las exportaciones, con el objetivo de recuperar mercados, debe ir acompañado de medidas paliativas.
Más aún cuando los derivados cárnicos son el principal consumo en la mesa de los argentinos.
Estas acciones no suponen una renuncia a los postulados libertarios, que abrazan el presidente Milei y los funcionarios nacionales, sino que se trata de atender una emergencia, que podría salvarse en unos meses o en un año.
La aplicación de las leyes del mercado, en el caso específico de los cortes de carne más demandados, debe incluir un equilibrio necesario para conjurar la grave situación económica que soportan miles de familias.
Sin incluir funciones burocráticas ni reguladores, tales acciones son las que la sociedad espera de un Estado moderno, que alienta el crecimiento económico.
