La conflictividad laboral por la falta de acuerdos en el marco de las negociaciones paritarias con las patronales se ha traducido en protestas y movilizaciones en casi toda la Argentina.
Ya no se trata únicamente de voces que levantan los dependientes del sector privado, sino también de los gremios que representan a los agentes estatales. Sin omitir, claro está, las infructuosas demandas de los jubilados que cobran salarios que no alcanzan ni para comprar los medicamentos.
Como respuesta poco feliz, el gobierno de Javier Milei advirtió que el Ministerio de Trabajo de la Nación no homologará acuerdos paritarios que estén por encima de la inflación.
Una política a contramano de lo que señalan algunas consultoras privadas y los propios sindicatos, en el sentido de que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) son elocuentes respecto de la pérdida de los salarios en comparación con los aumentos de precios registrados en los últimos tiempos.
No se trata de negociar metas de haberes desmesuradas en tiempos de una crisis que golpea tanto a los trabajadores como a muchos empleadores. Pero imponer restricciones a las negociaciones paritarias, como pretende el Gobierno, implica que los ingresos no se actualicen de forma de revertir, al menos de manera progresiva y a medida que se recupera la actividad, la pérdida del poder adquisitivo que padecen no sólo quienes tienen un empleo formal.
En ese sentido, se reitera una situación de inocultable inequidad: la lucha contra la inflación en la que está empeñada la administración central no puede ser a costa del bienestar de la población.
La explicación de parte del Gobierno nacional estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien acudió a una enredada teoría para alertar que “los que hoy piden aumento del salario vuelven a pedirlo más adelante porque suben los precios”. Y opinó que “los salarios le vienen ganando a la inflación”
Como se dijo, la disputa puede escalar a niveles indeseados, en detrimento de la necesaria convivencia social en paz.
En el terreno estatal, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta oficial que ya había aceptado la Unión de Personal Civil de la Nación, por lo cual esas diferencias alientan medidas de fuerza de un extenso menú de agentes públicos.
Es el caso de las movilizaciones que se observan a diario en las calles de la ciudad de Córdoba. Aunque con otros referentes gremiales y patronales en la mesa de negociaciones, los reclamos son los mismos: incremento de salarios. En ese entramado se suman los empleados del Poder Judicial.
Poner bajo control la inflación (aun reconociendo que la actual gestión nacional logró serenar índices exponenciales de viejo arrastre) no depende únicamente de pisar las paritarias, una herramienta legal que permite establecer las escalas de sueldos de las distintas ramas laborales, privadas y públicas.
Sólo el consenso y la prudencia de los sindicalistas y de los negociadores en representación de los trabajadores podrán alumbrar acuerdos que pongan en retirada los riesgos de una conflictividad social mayor.
