El presidente Javier Milei echó al enésimo funcionario de la administración nacional; en este caso, al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros, quien había anunciado una reforma previsional.
Fue la segunda autoridad expulsada de uno de los organismos clave en la administración de los recursos públicos, que controla los aportes previsionales, el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones especiales.
Osvaldo Giordano –uno de los mayores especialistas en la materia– fue el primero en dejar el cargo, porque su pareja había votado en Diputados en contra del primer proyecto de la Ley Bases.
Más allá del método intempestivo del Gobierno para desprenderse de funcionarios que no responden a su lógica o ideario, el relevo del extitular de la Anses plantea la necesidad de debatir los cambios que requiere el sistema previsional.
Argentina volvió al sistema estatal de reparto luego de una experiencia fallida con el funcionamiento de las exadministradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
El actual esquema resulta injusto para los trabajadores que realizan aportes por 30 años o más, mientras que es insuficiente para las necesidades de quienes no cumplen con los requisitos mínimos para un beneficio previsional.
Es una incógnita cómo se resolverá la situación de los más de 300 mil argentinos que cada año están en condiciones de jubilarse, una vez que cese la posibilidad de una moratoria en los aportes, este próximo 23 de marzo.
En la actualidad, hay 3,3 millones de beneficiarios que realizaron los aportes correspondientes, mientras que otros cuatro millones accedieron a través de moratorias, instauradas por el kirchnerismo y prorrogadas por los gobiernos sucesivos.
La supresión de la moratoria constituye una solución para el equilibrio de las cuentas fiscales, pero generará un delicado cuadro social para miles de mujeres de 60 años y hombres de 65 años que no pudieron cumplir con los requisitos mínimos.
Por ser un tema que divide a la sociedad y genera resquemor en los trabajadores registrados, la reforma previsional choca con la especulación política del oficialismo que prefiere debatirlo luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.
En forma paralela, ciertos sectores del peronismo se oponen a un eventual proyecto de cambios.
Evitar el déficit fiscal no tendría que ser el único propósito de la iniciativa sino infundir el mayor equilibrio posible al sistema, de modo que se moderen las desigualdades que aún persisten y se garantice la sostenibilidad a largo plazo, en un país que hace tiempo no genera trabajos formales suficientes y que ha ido disminuyendo su bono demográfico ya que las tasas de natalidad decrecen año tras año.
En ese sentido, la posibilidad de extender al menos dos años la edad mínima para la jubilación, como ya sucedió en otros países, debiera ser debatida con vista al fortalecimiento del régimen.
Dos factores importantes son que las expectativas de vida han aumentado y que un número considerable de adultos mayores desean mantenerse activos (una posibilidad hoy contemplada en la ley).
Los cambios en el régimen previsional provocaron protestas y disturbios en los países que decidieron actualizar la legislación. Argentina no estará exenta de esas reacciones. Sin embargo, más temprano que tarde, será imprescindible debatir en serio la cuestión.
