Los agentes económicos, sean estos inversores, familias o empresas, aguardan con ansiedad la finalización de las negociaciones por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que torne sustentable el pago de la deuda externa argentina.
Esa inquietud se refleja a diario en las cotizaciones del dólar libre y de los financieros, que han transitado un sube y baja en las últimas semanas, con tendencia final al alza del billete estadounidense.
Esa carencia de una orientación definitiva sobre la política cambiaria y el valor de la moneda norteamericana se trasladó también a la demora en la liquidación de exportaciones y en una avanzada en el ritmo de las importaciones.
En la vida cotidiana, la falta de conocimiento de cuál será el acuerdo final impacta, asimismo, en los valores de alimentos y de servicios.
Esto sucede dada la habitual inercia de empresas y de vendedores de subir los precios ante cualquier eventual devaluación del peso.
Los datos que surgen de la coyuntura sugieren la necesidad de que el Gobierno nacional apure la resolución del nuevo convenio.
Ese acuerdo, que el presidente Javier Milei estimó que se firmará a mediados de abril, permitiría a la Argentina acceder a un crédito de U$S 20 mil millones, según confirmó este jueves el ministro de Economía, Luis Caputo.
La expresión FMI goza de mala fama en nuestro país, de acuerdo con muestras de opinión pública. Los ajustes y las experiencias fallidas del pasado abonan ese concepto.
Ante ello, el Gobierno debe asumir una “batalla cultural” para explicar a la sociedad la necesidad de lograr el financiamiento del Fondo y explicitar cuáles serán los desafíos, que tendrán efectos en trabajadores y en agentes económicos.
Los argentinos deben desterrar de sus memorias los supuestos beneficios del festejado default de 2001, que, por el contrario, provocó el aislamiento del país respecto del crédito internacional y un retroceso económico y social.
Las duras experiencias afrontadas por Argentina y Grecia, para mencionar sólo dos casos emblemáticos a nivel global, demuestran la necesidad de pagar la deuda contraída y corregir rápidamente los desfases internos.
Este es un concepto que aún no fue asumido por un sector de la sociedad, como se observa en determinados colectivos sociales y políticos, cuyos discursos, anclados en el pasado, no aportan soluciones a los desafíos de la actual coyuntura.
Esa posición, hoy minoritaria, no exime al Gobierno nacional de explicar con claridad cuáles serán las políticas cambiaria y monetaria que se asumirán en los próximos meses, las cuales despiertan en la actualidad dudas y movimientos especulativos.
La estabilidad macroeconómica alcanzada, con base en múltiples sacrificios por parte de sectores vulnerables, de trabajadores y de jubilados, debe ser preservada en pos de un futuro mejor.
El pago de las obligaciones contraídas nunca es una materia fácil de asumir. Para ello, es necesario que la sociedad perciba los beneficios que se obtendrán con ese acto, que requiere de una fundamentación transparente por parte de las autoridades.
