La hiperactividad de Sergio Massa y el escándalo político alentado por Cristina Kirchner por el pedido de condena judicial en la causa Vialidad han logrado poner en un segundo plano el fuerte ajuste dispuesto por el Gobierno nacional.
El presidente Alberto Fernández, las principales figuras del peronismo y de la militancia kirchnerista rechazaron el pedido de los fiscales de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta por los hechos de corrupción en el juicio mencionado.
Ese ruido partidario esconde el impacto de la resolución tomada por Massa y la Jefatura de Gabinete de Ministros, que establece un recorte de 210 mil millones de pesos en partidas y programas oficiales.
En otro momento, esa poda en los recursos hubiera provocado un fuerte debate interno en el gobernante Frente de Todos, hoy enfrascado en abroquelarse y en defender la figura de la vicepresidenta.
Las tres centrales obreras –la CGT y las dos CTA–, que llevaron adelante numerosos paros contra gobiernos democráticos de signo opositor, apenas formularon vagas expresiones de rechazo al ajuste anunciado.
Los gremios docentes nucleados en Ctera, entidad que días atrás realizó un paro nacional para defender a un gremialista condenado por el incendio de la Legislatura de Chubut, se limitó a un “enérgico” repudio a la quita de 50 mil millones de pesos al Ministerio de Educación.
El ajuste en el área educativa implica suspender en los hechos el programa Conectar Igualdad, que había sido un ícono de la gestión presidencial de Cristina Kirchner, mediante la entrega de computadoras a los alumnos de menores recursos económicos.
El área de Desarrollo Productivo, que a través de José Ignacio de Mendiguren pregonaba una “revolución productiva” con la llegada de Massa, soporta en silencio una quita de 70 mil millones de pesos.
No sólo el escándalo político alentado por Cristina Kirchner esconde la discusión de este ajuste, sino que las palabras de los principales funcionarios disfrazan lo que otrora hubieran descalificado como una práctica de las fuerzas opositoras.
La medida fue presentada como una “redistribución de partidas” dentro del Presupuesto Nacional, así como el ajuste en las tarifas de electricidad y de gas natural fue anunciado como una “redistribución de los subsidios”, pese a los fuertes aumentos que afrontará la clase media.
Es innegable la habilidad que tiene el kirchnerismo de reinterpretar los hechos históricos y de camuflar el verdadero sentido de sus decisiones, que destrozan el relato contra las políticas aplicadas por otros gobiernos.
Si bien el recorte es imprescindible para acotar el déficit fiscal y evitar una mayor emisión, que alienta la inflación, o un fuerte endeudamiento en pesos, que podría no ser aceptado por el mercado, no existe una clara fundamentación sobre las partidas y sectores afectados.
El ajuste planteado por la gestión de Massa necesita ser asumido como tal; debe ser expuesto con claridad y debe ser interpretado con convicción por todos los sectores del Gobierno, para evitar que se desperdicie el enorme esfuerzo social que exige.
