El Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba llama a la reflexión desde la base de su responsabilidad: se trata de un lugar de alojamiento para menores de edad en conflicto con la ley penal y funciona bajo la órbita provincial, en unión con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Es decir, menores que en vez de estar en la escuela, jugando en una plaza pública o disfrutando del entorno hogareño, pasan sus días encerrados en un centro socioeducativo. Es el precio de salir a delinquir en el amanecer de la vida.
No deja de causar estupor aquello de “menores en conflicto con la ley penal”, pero son los costos que se pagan en una sociedad dispersa, de núcleos familiares destrozados por la mala convivencia y de una dirigencia política que muy pocas veces se ocupa de atender y de revertir el fenómeno de la minoridad empujada al delito en sus distintas formas.
Sin embargo, la problemática no se agota en las reflexiones. Puertas adentro del Complejo Esperanza, ubicado en la comuna de Bouwer, al sur de la ciudad de Córdoba, se verifican a menudo conflictos promovidos por grupos de internos que tornan difícil la subsistencia en el encierro.
Como han dado cuenta las crónicas periodísticas, en el transcurso de un par de semanas se registraron revueltas que terminaron con internos, celadores y maestros golpeados en medio de la trifulca. Incluso, en uno de esos episodios violentos hubo un intento de fuga que pudo ser neutralizado por los guardias.
Desde la Senaf indicaron que el control interno retomó la normalidad y que el personal del establecimiento logró sofocar la quema de un colchón. Por fortuna, y pese a la virulencia del accionar de un grupo de jóvenes, aseguraron que se salvaguardó la integridad de los menores.
Con todo, el instituto encierra en su historia percances de parte de muchachos que resuelven sus diferencias pendientes de la calle que los hundió en el malvivir y en la privación de la libertad.
En otros casos, por motines y revueltas con destino de fuga. No es novedoso que, en medio de esos entreveros, haya habido internos que ganaron la calle, aunque al cabo de algunos días fueron recapturados en distintos parajes de la provincia de Córdoba.
Para ahondar en la realidad cotidiana que tiene a jóvenes como protagonistas de la escalada de inseguridad en Córdoba, hay que remarcar que el Complejo Esperanza alberga a no pocos adolescentes acusados de homicidio.
Hay quienes desde la política sostienen que el referido establecimiento es una “cárcel para chicos” o que las nobles intenciones socioeducativas no pueden progresar en un clima de “espanto”.
Existen normativas y disposiciones legislativas y judiciales que dan sustento a la detención de menores en conflicto con la ley penal. Aunque el fondo del problema deba ser examinado en el marco de una sociedad resquebrajada y de un sistema socioeconómico declinante y sin freno.
