El fiscal federal Maximiliano Hairabedian imputó a los apoderados del Partido Popular (PP) por falsear datos sobre la impresión de las boletas para las elecciones primarias de 2021 en Córdoba. De esa manera, habrían generado un perjuicio de casi ocho millones de pesos a la Dirección Nacional Electoral (Dine).
Por la legislación vigente, la Dine les entrega dinero a los partidos políticos para sus gastos de impresión de las boletas electorales. Se fija un monto por votante y por tramo, y se lo multiplica por la cantidad de electores habilitados para la ocasión.
Este mecanismo se aplica cuando no se usa la boleta única, en la que figuran todas las opciones y el ciudadano debe indicar con una marca su preferencia. Pero, además, es el sistema con el que se realizan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).
Pues bien, en todo el país habría infinidad de partidos pequeños que no actúan como tales, sino que operan como sellos electorales para embolsar los miles de millones de pesos que entrega la Dine ante una Paso, en la que cada lista interna que participa debe tener su propia boleta.
Una investigación periodística del diario La Nación detectó el año pasado una veintena de partidos en esta situación. En todos ellos se repetía el nombre de dos personas y de sus allegados en los cargos de responsabilidad, y todos declaraban haber contratado para la impresión de boletas una misma imprenta, ubicada en Rosario, cuyos dueños serían uno de ellos y su esposa. Pero la imprenta en cuestión estaba cerrada. En esa trama, aparecía el nombre de uno de los apoderados del PP imputado por Hairabedian.
Para las primarias de 2021, cuando Córdoba elegía diputados y senadores nacionales, el PP recibió de la Dines unos $ 8 millones para imprimir sus boletas. Pero según la Justicia, el dinero tuvo “un destino incierto y distinto al cual estaba destinado”.
Todo partido político debe rendir cuentas ante la Justicia de los gastos de campaña. El informe que presentó oportunamente el PP incluía, según la Fiscalía, comprobantes apócrifos para justificar la impresión de las boletas y su distribución.
El informe contenía una segunda inconsistencia: indicaba que a la imprenta contratada se le había abonado con una serie de cheques pertenecientes a la cuenta corriente del partido en el Banco Nación. Pero la Fiscalía determinó que esos cheques jamás estuvieron en poder de la imprenta mencionada, sino que terminaron en manos de personas, físicas o jurídicas, ajenas a la actividad de impresión de boletas. Por lo tanto, la conclusión es que no se contrató a la empresa que se señala; o para decirlo con mayor claridad, que nunca se imprimió la cantidad de boletas requeridas para una elección.
En democracia, los partidos políticos son tan imprescindibles como la realización periódica de elecciones. Pervertir ese principio con una maniobra ilícita que persigue el desvío de fondos públicos es inadmisible. Si la Justicia debe sancionar a los responsables, el Poder Legislativo debe hacer más transparente el sistema político-electoral.
