Los jubilados nacionales sobrellevan una crisis profunda que los lleva al extremo de vivir en estado de angustia constante. Se ha perdido hace tiempo el concepto del “beneficio” de la jubilación con el que se aludía a los hombres y a las mujeres que pasan a formar parte de la clase pasiva.
Por el contrario, en estos tiempos de ajustes económicos impetuosos, no es sencillo inferir si la pasividad es un “premio” a tantos años de entrega laboral o el ingreso a un régimen burocrático, inestable y, para peor, mal remunerado.
En ese marco de inseguridad social y sin caer en la exageración desmesurada, es posible afirmar que el Gobierno nacional parece solazarse cuando anuncia una mala noticia.
Y los jubilados lo padecen a dos puntas: por la decisión del Pami de restringir el acceso a determinados medicamentos con cobertura del 100% y por el incremento de los remedios, que durante el período interanual tomado desde noviembre pasado tuvieron un incremento del 224%. Ello se desprende del relevamiento mensual que elabora La Voz sobre determinados productos.
Los recortes del Pami tienen aristas confusas y hasta disparatadas. Por caso, se dijo en ámbitos del poder libertario que tendrán acceso a los medicamentos con beneficio quienes “realmente los necesiten”. Ahora bien: suena absurdo razonar que alguien va a una farmacia a comprar un remedio que no necesita.
Lo concreto es que la crisis cobró mayor voltaje luego de que el Pami anunció que sólo los afiliados con ingresos inferiores a $ 398 mil (una jubilación mínima y media) podrán ingresar al esquema de medicamentos gratuitos.
Con todo, la polémica se expandió a los diversos sectores de la sociedad y hasta detonó calificativos inflamados, como el del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, quien comparó el recorte de la obra social con una “eutanasia encubierta”. Fue igualmente tajante al afirmar que un jubilado tiene que “elegir entre comer o comprar el medicamento”.
Siempre en un contexto de confusión y de más problemas para las personas mayores, la administración de Javier Milei salió a precisar que para ingresar al subsidio social, de modo de mantener el beneficio para remedios de alta complejidad, los afiliados deben enredarse en trámites no aptos para, por ejemplo, personas de más de 80 años, que no tienen quién las asesore.
Por tal falencia, las oficinas del Pami Córdoba se colmaron de jubilados que pugnaban por una ayuda en la confección de la fastidiosa solicitud, lo cual generó la preocupación de los trabajadores, que alegan atender cerca de 600 personas por día.
Todo parece ser diagramado a medida para importunar a miles de personas mayores, cuyos módicos ingresos apenas alcanzan para cubrir una canasta alimentaria; es decir, se reitera la fórmula fatídica: optar por la medicina o por la alimentación.
Los jubilados no pueden ser la variable del ajuste. Un sector castigado, como los millones de argentinos hundidos en la pobreza.
