El transporte urbano e interurbano de pasajeros del interior del país dejará de percibir el subsidio del Gobierno nacional. Así, el precio del boleto en cada localidad dependerá del subsidio que puedan realizar las provincias y los gobiernos locales.
Casualmente, hace pocos días un grupo de intendentes cuyas localidades representan a distintas provincias habían solicitado una reunión con el secretario de Transporte para pedir una distribución equilibrada entre el interior y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
Ahora la desigualdad se torna extrema: el interior no recibirá subsidios y en el Amba se ejecutaría una reducción progresiva, sobre la que no se informaron detalles. Por supuesto, reducir no es lo mismo que eliminar.
Además, como la Justicia frenó el fuerte aumento del boleto en el Amba fijado por el Gobierno para febrero, la falta de detalles sobre la reducción anunciada agiganta la asimetría.
Los intendentes del interior analizan presentarse ante la Justicia para reclamar la continuidad del fondo compensador. Argumentarían que se trata de una partida incluida en el presupuesto del año pasado, que fue prorrogado para 2024, por lo que no podría ser eliminada.
El Gobierno se defiende sosteniendo que ahora el subsidio lo recibirá el pasajero a través de la tarjeta Sube, y equivaldrá a casi el 50% del costo del pasaje. Pero ese sistema sólo funciona en unas 60 ciudades de todo el país. Apenas tres de ellas están en nuestra provincia: Villa Allende, Villa María y Río Cuarto.
En cualquier caso, recordemos que no se trata de un subsidio a todos los usuarios de la tarjeta, sino a grupos determinados, como jubilados, desempleados y personal doméstico, entre otros.
El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, estimó que, sin subsidios, el boleto costaría unos $ 1.100. Como el usuario cordobés abona $ 340, los subsidios equivalen al 70%.
En el cálculo de Bermúdez, el subsidio nacional apenas representa un 10%; el resto son fondos provinciales o municipales. Es decir que el retiro del Gobierno nacional no es de por sí desequilibrante. Es un porcentaje que debería poder absorberse entre el usuario, la Provincia y la Municipalidad.
El problema es fundamentalmente político: el modo y el momento en que el Gobierno nacional anuncia sus decisiones es el escollo principal en la relación con las demás autoridades políticas. El presidente Javier Milei ha preferido la estrategia de confrontar por las redes sociales en vez de dialogar, al mismo tiempo que vacía de poder a los funcionarios de su administración que deben interactuar con gobernadores e intendentes.
Lo político repercute en lo económico: con numerosas partidas recortadas, a las provincias les llega menos dinero, que además vale menos por la inflación. ¿Qué gobernador o intendente está en condiciones de duplicar los subsidios del año pasado para mantener una tarifa que pueda ser absorbida en tiempos de caída de salarios y de otros ingresos?
Es perfectamente lógico esperar que todos los niveles de gobierno ajusten sus cuentas. Pero el Gobierno nacional no puede condicionar el proceso agrediendo a los demás gobernantes. Por el contrario, debiera fomentar el diálogo para favorecer el entendimiento y la confianza. La mayoría de la población votó un cambio. Pero un cambio equitativo, no discriminatorio. Un cambio que termine con décadas de desequilibrios y de privilegios, no que los agrave.
