El sistema de salud que atiende a jubilados y pensionados vuelve a mostrar una fragilidad alarmante. Esta vez, el conflicto gira en torno a los pagos que el Pami mantiene con farmacias y clínicas privadas, una situación que expone fallas estructurales de gestión y que coloca a adultos mayores en el centro de una incertidumbre inadmisible.
Cuando se trata de medicamentos y prestaciones de salud, no hay margen para demoras, improvisaciones ni disputas administrativas prolongadas.
El reclamo más visible proviene del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Según la entidad, el Pami acumula seis vencimientos impagos con las farmacias de la provincia, lo que genera una deuda estimada en 12 mil millones de pesos sólo entre las farmacias afiliadas al Colegio.
Si la deuda no se regulariza, las farmacias evalúan suspender la dispensa de medicamentos a los afiliados del Pami, y señalan que toda la responsabilidad recaería sobre el Gobierno nacional.
Desde la obra social nacional sostienen que los pagos se encuentran dentro de los cronogramas estipulados y que existe diálogo con las entidades. El organismo afirma que comenzaron a salir pagos, en especial vinculados a medicamentos de alto costo, y que con los prestadores ocurre algo similar.
Sin embargo, esta explicación no logra disipar el conflicto.
Las farmacias cuestionan la existencia de un cronograma impuesto de forma unilateral, distinto al establecido por convenio, con pagos acumulados de cuatro, cinco o seis vencimientos juntos.
Y dicen que los medicamentos de alto costo se pagan de manera directa a los laboratorios, por lo que no alivian la deuda que afecta a las farmacias, que son las que necesitan cobrar con mayor rapidez para sostener la atención cotidiana.
El malestar no se limita al sector farmacéutico. Las clínicas privadas, nucleadas en Aclisa, también advierten sobre atrasos y cambios en la modalidad de pagos.
Desde hace meses, el Pami abona cerca del 60 por ciento de la factura alrededor del día 20 de cada mes y completa el saldo varias semanas después, sin fechas precisas ni información clara.
Esta falta de previsibilidad complica la gestión y tensiona la cadena de pagos de un sector que depende en gran medida del Pami, principal financiador del sistema privado de salud. Para muchas clínicas, casi la mitad de sus ingresos proviene de esta obra social.
Detrás de estas cifras y disputas contractuales hay una realidad indiscutible: para las personas de la tercera edad, la adquisición de medicamentos y el acceso a prestaciones médicas resultan vitales.
No admiten espera ni especulación financiera. Cada demora impacta en tratamientos interrumpidos, en enfermedades que se agravan y en una angustia cotidiana que no debiera formar parte de la vejez.
Es imprescindible crear mecanismos de pago más eficientes, transparentes y previsibles, que eviten trasladar los problemas administrativos a quienes menos margen tienen para soportarlos.
Jubilados y pensionados no pueden vivir pendientes de conflictos entre el Estado, farmacias y clínicas. Garantizar el acceso continuo a la salud es una obligación que se debe asumir sin excusas.
