El Gobierno nacional ha vuelto a quedar en una situación complicada por problemas propios en su gestión del Estado. Y su desacertada respuesta fue descartar responsabilidades y acusar a los medios de “operaciones de prensa” en su contra.
Camila Giménez, una joven de 25 años de Villa María que estaba a la espera de medicamentos oncológicos, falleció hace unos días, y varios medios locales y nacionales informaron sobre la triste noticia.
En ese contexto, algunos familiares brindaron entrevistas periodísticas en las que relataron los pormenores del caso. A pesar de que los medicamentos oncológicos son de entrega gratuita para los pacientes que no tienen cobertura social, se ha vuelto casi imposible conseguirlos desde la asunción de Javier Milei.
En el caso de Camila, habría estado esperando más de un mes. Por la gestión de su oncólogo, consiguieron cierta cantidad de las pastillas que necesitaba, pero de todos modos murió luego de ser internada.
Alguien podría objetar que es relativamente difícil probar que la causa de muerte fue la falta de medicación; que es probable que la paciente, aun recibiendo los medicamentos solicitados en tiempo y forma, también hubiera muerto. Admitamos el argumento. Desde nuestra perspectiva, si hay vidas humanas en riesgo que dependen de la asistencia del Estado, este debe actuar con la máxima celeridad posible.
Porque el caso de Camila no es el único. Hay una larga lista de organizaciones de pacientes con enfermedades poco frecuentes en todo el país que reclaman por igual situación desde hace tiempo. Por ejemplo, la Alianza Argentina de Pacientes (Alapa) publicó un comunicado en su sitio web, el 7 de febrero, en el que alertó sobre el cierre de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que era la repartición encargada de “otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos por razones de salud a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y sanitaria”. Por lo tanto, ya entonces se había cortado el suministro de medicamentos.
Recién este martes, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano negó el cierre de la Dadse, “ante las reiteradas operaciones de prensa” que juegan “con la desesperación de la gente”, y aprovechó la ocasión para informar que desde ahora esa área dependerá del Ministerio de Salud.
Eso implicaría, de todos modos, que los pacientes que hayan tramitado sus pedidos ante la Dadse ahora deberán reactualizarlos, por ejemplo, en el Programa Nacional de Medicamentos Oncológicos del Ministerio de Salud.
Las reacciones fueron inmediatas. Decenas de organizaciones de pacientes respondieron con un documento colectivo en el que rechazaron que se calificara como “operaciones de prensa” a “los testimonios en primera persona que muchos pacientes han dado con valentía”.
El Gobierno no puede seguir paralizando la administración pública sobre la base de la desconfianza que le generan las anteriores gestiones políticas. Tiene derecho a auditar cada programa y cada repartición. Pero mientras espera los resultados, en casos como el que aquí analizamos debe mantener los planes de asistencia. Los cambios administrativos no pueden implicar atrasos ni cierres temporales.
