El caso de Felicitas Lauría no es un hecho aislado. Es el reflejo de una política migratoria estadounidense que en muchos casos avanza sobre derechos básicos y coloca a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad.
La historia de esta joven cordobesa de 22 años, detenida y encadenada en Estados Unidos durante una entrevista migratoria, obliga a una reflexión profunda y a reclamos firmes.
Lauría, oriunda de Villa María, Córdoba, ingresó a EE.UU. en 2023 a través del programa Au Pair. En febrero de 2024 se casó con Marcus, ciudadano de ese país, e inició el proceso formal de ajuste de estatus para obtener la residencia permanente.
Como parte de ese trámite, recibió en septiembre de 2025 un permiso de trabajo aprobado por las autoridades migratorias.
Pero fue arrestada el 25 de noviembre pasado, mientras asistía a la entrevista conyugal en oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en San Diego.
El argumento fue la expiración de su visa original, vencida en marzo de 2025, pese a que el proceso de regularización se encontraba en curso.
Felicitas estuvo presa 10 días. Según denunció su madre, Mariana Lozita, la joven pasó las primeras 48 horas en una comisaría, encadenada de manos, cintura y pies. No recibió su medicación para el hipotiroidismo y enfrentó condiciones que su familia describió como inhumanas.
Luego fue trasladada al centro de detención Otay Mesa, donde compartió una celda con otras 15 mujeres y durmió en el suelo, sin acceso adecuado a higiene, alimentación ni abrigo. Revisiones corporales invasivas y un trato degradante completaron un cuadro que excede cualquier noción razonable de control migratorio.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, el ICE intensificó operativos y endureció criterios de detención, incluso sobre personas sin antecedentes penales y con vínculos familiares directos con ciudadanos estadounidenses.
Medios como The New York Times alertaron sobre estas prácticas que generan temor en comunidades migrantes y exponen vacíos legales preocupantes.
Organismos internacionales, referentes políticos y organizaciones de derechos humanos cuestionan este accionar: uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y condiciones de encierro que vulneran estándares mínimos establecidos por tratados internacionales.
Cada país tiene derecho a definir su política migratoria; es indiscutible. Sin embargo, eso no habilita el desconocimiento de la dignidad humana. Menos en situaciones como esta, en la que una joven cumplía los requisitos formales, tenía permiso de trabajo y buscaba regularizar su situación.
El Gobierno argentino, a través de la Cancillería, debería realizar reclamos enérgicos ante las autoridades estadounidenses. Defender los derechos básicos de argentinos en el exterior forma parte de sus obligaciones esenciales. Casos como el de Felicitas exigen gestiones diplomáticas firmes, acompañamiento consular activo y una posición clara frente a eventuales abusos.
La resolución judicial que le otorgó la libertad bajo fianza y le permitió retomar su vida cotidiana no borra lo vivido ni elimina la amenaza que pesa sobre su futuro.
La ley, cuando pierde de vista a las personas, deja de cumplir su función principal. Y ese es un límite que ningún Estado debe cruzar.
