El déficit fiscal de 2023 fue de 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra mayor a la estimada por las autoridades nacionales, que calcularon que el ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal sería del 5%.
Ante la ingrata noticia, el Gobierno nacional ratificó que este año logrará el equilibrio presupuestario. El objetivo puede ser muy loable, pero los modos para conseguirlo están más cerca de generar una crisis política que de propiciar un entendimiento entre los distintos poderes del Estado.
La Libertad Avanza no es la única fuerza política que propone el equilibrio fiscal. Numerosos sectores de la oposición plantean lo mismo. ¿Por qué no puede dialogar el Gobierno con ellos y consensuar un programa?
La intransigencia podría hacerle perder al oficialismo gran parte de su poder político si su plan de reformas fuese rechazado por el Congreso o impugnado por la Justicia.
La Corte Suprema de Justicia recién intervendrá desde febrero en el análisis del megadecreto de necesidad y urgencia. Mientras tanto, en las tratativas políticas para consensuar un dictamen favorable a la “ley ómnibus” en Diputados, el oficialismo sembró la duda sobre cuál sería el escenario que prefiere el presidente Javier Milei: ¿acordar con la oposición, aunque eso implique resignar partes de la ley, o ser derrotado para decirle luego a la sociedad que el Poder Legislativo le impide gobernar?
El equilibrio fiscal propuesto se basa en una pequeña reducción de los gastos y en un importante aumento de la recaudación, lo que incluye nuevos impuestos. En ese esquema, la clave está en las retenciones a las exportaciones que fueron rechazadas por varios gobernadores; por caso, el cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro, que se trasladaron a Buenos Aires para exponer sus puntos de vista.
En declaraciones periodísticas, Pullaro afirmó que los funcionarios nacionales entienden sus argumentos a favor del campo y de la industria del interior, pero que le respondieron que no tenían otra forma de “cerrar la caja”.
Milei les habría asegurado a sus ministros que no estaba dispuesto a negociar una baja de las retenciones y que si la ley no se aprueba, “va a ser peor para todos, en especial para las provincias”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, corroboró esa versión: advirtió que aunque no se aprobara la ley, las cuentas públicas igualmente se ajustarán, y que en ese proceso se revisarían “cada una de las partidas que se transfieren a las provincias, sin tener ningún tipo de contemplación”. Paralelamente, el Banco Central intentará prohibirles a los bancos provinciales prestarles dinero a sus respectivos estados.
¿Es necesario amenazar de esta manera a los gobernadores? ¿Hasta cuándo el Poder Ejecutivo, sin importar la ideología de quien lo ejerza, seguirá castigando económicamente a las provincias que no apoyen su gestión y premiando con partidas especiales a las que acompañen su proyecto?
La suerte legislativa de un proyecto de ley depende siempre de la capacidad de negociación de quien lo impulsa, no de su capacidad de actuar coercitivamente sobre quienes piensan distinto.
