Entre las estadísticas que van marcando el pulso de una sociedad desde distintos ámbitos de referencia, se destacan las que abordan temas sanitarios de alta complejidad humanitaria.
En ese contexto, es inevitable hacer foco en la mortalidad materna, una problemática no siempre visibilizada en Argentina.
La mortalidad materna define el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el parto o dentro de las seis semanas posteriores al parto.
En ese sentido, el capítulo estadístico sobre decesos maternos que se reportaron en 2024 muestra incidencias preocupantes. En ese lapso, se registraron 183 fallecimientos de mujeres en el marco de las citadas etapas; es decir, gestación, parto y puerperio.
Como antecedente que debe ahondar las prevenciones, se trata de los valores más altos de mortalidad materna desde 2010 (sin contabilizar los años aciagos de la pandemia del Covid-19). En tal sentido, se revierte la disminución de casos que se venía insinuando desde años precedentes.
Son datos a escala nacional difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación. Pero la referida meseta numérica en relación con períodos interanuales es observada con cautela desde las instituciones que analizan de manera censual y constante estos eventos, así como los vinculados con mortalidad infantil, otro drama que sacude al mundo.
“En números absolutos, el total de muertes maternas en Argentina es bajo. Sin embargo, no debería haber ninguna”, razonó Mariana Romero, directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, consultada para un informe que publicamos días atrás.
Con todo, al valorar en detalles las causas de estas desgracias, resulta impropio pasar por alto un factor determinante que afecta a millones de argentinos: la pobreza.
Una realidad objetiva y conocida que impide que ciudadanos y ciudadanas en estado de indigencia puedan acceder a una atención médica de calidad, además de estar compelidos a vivir en zonas periféricas donde brillan por su ausencia servicios básicos como el de agua potable.
“La profundización de las condiciones de pobreza impacta en los cuerpos y en las vidas de las mujeres”, reflexionó para el informe Alejandra Domínguez, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Sin dudas existen medidas de orden estatal y de la ciencia médica en bien de evitar la mortalidad materna e infantil. Pero la pobreza suele tener un fuerte impacto en la salud de las personas.
Por ello es de utilidad atender las opiniones autorizadas. Domínguez consideró que no se revirtieron las desigualdades sociales del país y que la muerte materna impacta más en las mujeres pobres, con el recurrente obstáculo para acceder a los servicios de salud, entre los que, además, fija el calendario de vacunación.
En tren de embarrar aún más las cosas, el Gobierno nacional sumó a su plan de ajuste la suspensión de programas sobre embarazo, lo que complica la realización de controles periódicos ineludibles.
Una atenta política estatal y el control sanitario y social podrían terminar con la mortalidad materna.
