Muchas veces en la vida pensamos en la muerte, pero es poco probable que hablemos de ella con nuestro entorno más cercano y de mayor confianza. Ha sido siempre un tema tabú, y en líneas generales lo sigue siendo. Es común pronunciar o escuchar esa frase popular que nos habla del final biológico: “todos nos vamos a morir algún día”. Pero no son temas que se hablen en la intimidad diaria.
La reflexión es oportuna en tiempos en que va tomando fuerza de debate el concepto de muerte digna, un contenido de alta sensibilidad humanitaria. Se trata, nada menos, del derecho que les asiste a las personas de decidir sobre su propio cuerpo una vez que los facultativos agotaron todos los instrumentos al alcance de la ciencia médica para intentar revertir una enfermedad en estado terminal.
La temática se reactualizó en Córdoba semanas atrás, a partir de un paciente que se encuentra hospitalizado en estado vegetativo persistente, por lo cual su familia planteó un recurso de amparo en la Justicia para que se le retire el soporte vital.
El derecho a la muerte digna no es equiparable a la eutanasia, prohibida en Argentina. Como señala una de las especialistas consultadas para un informe que publicamos días atrás, la diferencia entre muerte digna y eutanasia estriba en que son dos cosas bien distintas ocasionar la muerte a través de un instrumento letal o permitir que la persona fallezca por el retiro de sus soportes vitales (como la hidratación y la alimentación).
Con todo, la decisión admitida debe ser sostenida legalmente con la inscripción en el Registro Único de Voluntades Anticipadas, que en Córdoba funciona bajo el Área de Bioética del Ministerio de Salud.
Como explica Fernanda Marchetti, responsable del citado organismo, se trata de una decisión personalísima que debe ser expresada “en pleno uso de las facultades mentales” del solicitante.
Sin dudas, una problemática de amplia repercusión social, que propicia el diálogo intrafamiliar ante situaciones de enfermedades graves o incurables. El Estado debe permanecer alerta y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en todo el país.
Es oportuno recordar, al respecto, que son muchos los casos judicializados en Argentina por presuntas “muertes dignas” que no contaban con el respaldo administrativo y legal correspondiente y que levantaron sospechas de fraudes hereditarios. Incluso se llegó a juicios que resolvieron condenas con amplia repercusión pública.
La voluntad personal o familiar de decidir sobre un deceso digno cobra vigencia en el mundo. Ahora bien: son de uso insustituible las herramientas legales para validar la determinación de no prolongar el padecimiento de terapias que ya no contribuyen a la cura de una patología de carácter terminal.
Pero volvamos al inicio: no estamos habituados a hablar de la muerte. La prudencia y la fidelidad del debate multidisciplinario son cruciales, en vías de asumir con un grado de resignación el final que evite a un paciente agonizar postrado en una cama.
