En ciertas ocasiones, se trata de una mera presunción; en otras, de una irrebatible constatación: “En algunas elecciones, votan hasta los muertos”, reza la frase, acuñada en los suburbios de una añeja contienda comicial.
Se trata de una trama enrevesada que debe contar con la anuencia y la complicidad de varias partes, entre ellas los poderes de turno, los encargados de depurar los padrones electorales y hasta eventuales autoridades de mesa avisadas del fraude en marcha.
A ese entramado se debe sumar un trámite culminante: conseguir el documento nacional de identidad (DNI) de una persona fallecida y entregárselo al impostor; es decir, a quien con una pizca de audacia se presentará en la mesa correspondiente al difunto para emitir el voto.
No son casuales en Argentina las numerosas denuncias de familiares de difuntos debido a que no sólo continúan empadronados, sino que también se los verifica sufragando en elecciones nacionales, provinciales o locales.
La acción fraudulenta, a todas luces condenable, se actualizó días atrás en relación con presuntas irregularidades de ese tenor que se habrían perpetrado en la ciudad de La Calera, en el departamento Colón de la provincia de Córdoba.
Como dimos cuenta días atrás, el escándalo detonó cuando el actual intendente, Fernando Rambaldi (Encuentro Vecinal), presentó una denuncia en la Justicia federal para que se investigue a los exintendentes Rodrigo Rufeil y Facundo Rufeil, como asimismo a la exdirectora del Registro Civil, bajo la sospecha de que al menos unas 35 personas fallecidas “votaron” en elecciones municipales, provinciales y nacionales entre 2016 y 2023.
En línea con este tipo de procedimientos teñidos de trampa, se acusa a los exjefes municipales y a la funcionaria de la órbita registral de haber omitido de manera deliberada informar al Registro Nacional de las Personas y al Registro Civil de la Provincia sobre las defunciones en esa ciudad.
Con ese supuesto ardid, siguieron activos los DNI en el padrón, lo que facilitó la entrada en acción del aludido impostor o que una mano negra haya agregado en las actas el sufragio de la persona fallecida.
Más allá del curso que tome la investigación, se trata de una denuncia que actualiza las bajezas de la política y el desprecio al derecho universal del voto secreto y popular para designar a las autoridades de orden ejecutivo y legislativo que deben honrar el cargo con decoro y total transparencia de procederes.
Lo contrario se embarra en la decadente imagen que percibe mucha gente en segmentos marginales emparentados con las malas artes de la política, más que con sus acciones republicanas a favor de la población.
Hacer votar a un muerto para rapiñar algunos votos es una falta grave que quebranta las leyes electorales. Representa, además, una repudiable ofensa a la memoria de los familiares.
En tiempos electorales y de debates, urge dignificar el valor del sufragio como una de las herramientas irrenunciables de la democracia.
La sociedad madura ya no tolera las trampas urdidas en los bajos fondos de la política.
