En la ciudad de Córdoba, el fenómeno de los “naranjitas” volvió a ocupar la agenda pública. En lo que va de 2025, la Policía provincial detuvo a 263 cuidacoches, lo que equivale a más de una detención por día. Unos 161 de esos casos corresponden a delitos y 102 a contravenciones al Código de Convivencia.
No se trata necesariamente de 263 personas distintas: muchos de los arrestados reinciden. La mayoría enfrenta causas por delitos contra la propiedad, agresiones y daños, y algunos incluso tenían pedidos de captura pendientes.
Los números exponen un problema de preocupante frecuencia y que este medio registra desde hace años. Cada cierto tiempo, vuelven a aparecer imágenes de enfrentamientos, extorsiones o cobros abusivos en la vía pública.
En marzo del año pasado, durante el recital de Tan Biónica en el estadio de Instituto, barrio Alta Córdoba, se registraron denuncias de “naranjitas” que exigían hasta $ 5.000 por un auto y $ 10.000 por una camioneta. Días después, en el show de Luis Miguel en el Estadio Kempes, el monto llegó a $ 15.000. En ambos casos hubo detenciones y la reacción social fue de indignación.
Cada vez que ocurre un hecho así, se reabre el debate sobre qué hacer con los “naranjitas”. Sin embargo, las discusiones políticas y las medidas de control nunca logran encaminar una solución definitiva.
El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, afirma que “el orden público es innegociable” y justifica los operativos como una respuesta a las denuncias vecinales.
Pero esa estrategia represiva, por sí sola, no resuelve la raíz del problema: la informalidad, la precariedad y la falta de una política integral que contemple tanto el derecho al trabajo como el uso ordenado del espacio público.
El sistema de cooperativas de estacionamiento controlado representa una alternativa que, en los hechos, funciona con relativa eficacia. En esas zonas, donde el estacionamiento medido opera bajo reglas claras, los conflictos son menores.
La existencia de estas cooperativas también aporta un marco de formalización y dignidad laboral para personas trabajadoras. No se trata de “cuidar coches”, sino de ofrecer un servicio de ordenamiento del estacionamiento, con tarifas establecidas -hoy en $ 500 la hora- y con mecanismos de control público.
Sin embargo, incluso este sistema tiene límites: el municipio no logra controlar a quienes ocupan sin permiso las calles, especialmente en zonas de alta demanda o en eventos masivos.
Allí, los cobros arbitrarios y la violencia se repiten, y el Estado pierde toda capacidad de intervención efectiva.
La ciudad necesita una política clara, sostenida y dialogada. No se trata de demonizar a los “naranjitas” ni de clausurar las cooperativas que ofrecen un marco legal a cientos de familias. Se trata de reconocer que la apropiación ilegal de espacios públicos, los cobros extorsivos y el desorden urbano afectan la convivencia social y exigen respuestas más profundas.
Es urgente que las autoridades municipales y provinciales se sienten a debatir y a definir normas que equilibren derechos y deberes. Córdoba no puede seguir repitiendo un conflicto que ya se volvió parte de su paisaje urbano.
