Ya se ha vuelto recurrente, desde hace más de una década, el debate sobre quién debe pagar los grandes operativos que las autoridades locales o provinciales deben montar cada vez que se necesita un rescate en lagos, ríos o cerros.
La temporada veraniega es propicia para sumar casos de ese tipo. El último gran despliegue de Bomberos y fuerzas de seguridad ocurrió hace pocos días en Villa Rumipal, para tratar de encontrar a Jorge Peñaloza, un turista de 46 años que, según el relato de su amigo, se cayó de la moto de agua que conducía en el lago de Embalse. No sabía nadar y no llevaba puesto el chaleco salvavidas. Su cuerpo sin vida apareció a los pocos días.
No resulta fácil abordar este caso, puesto que el triste final invalida o al menos vuelve odiosa la discusión por los costos del operativo.
Pero en muchas otras circunstancias no es así. Cada vez que alguien se pierde en el cerro Champaquí, por ejemplo, se requiere afectar ingentes recursos para la búsqueda.
La hora de sobrevuelo de un helicóptero cuesta entre 1.500 y 2.000 dólares. Y más del doble si la máquina es alquilada. Los adicionales de policía y de bomberos cuestan alrededor de 11 mil pesos la hora, por dar algunos ejemplos.
En rigor, la polémica no debiera existir, ya que la ley es clara al respecto: “Concluidas las operaciones de socorro o rescate, la autoridad de aplicación determinará las causas que originaron el incidente. Cuando se estableciera que el hecho se produjo como consecuencia de una conducta negligente o desaprensiva, las víctimas solidariamente deberán afrontar los gastos que haya demandado el operativo”.
Así lo describe el artículo 20 de la ley 9.856, sancionada en Córdoba en 2010 para regular el ingreso a las zonas de riesgo provinciales. La norma exigía un apto físico, entre otros requisitos.
Resulta difícil luchar contra la negligencia individual o grupal de gente que se aventura a esos sitios sin tener la menor preparación
Difícil revertir esos vicios de la condición humana. Ahora bien: ¿de qué sirve tener una ley que no se cumple?
Primero, nunca nadie pagó el costo de un operativo de rescate. Segundo, en dicha norma no están incluidas como actividades de riesgo el nado ni los deportes náuticos, ni lugares como ríos y lagos (sólo los cerros), a pesar de las víctimas que allí se producen año a año y que se incrementan en cada temporada veraniega.
También surgen dudas sobre la eficacia de los controles para evitar situaciones como las mencionadas. ¿Existen los recursos necesarios para eso?
Ya sería necesario superar la polémica sobre quién debe pagar los costos de un rescate y preocuparse sobre cómo hacer foco en la prevención, para que esos hechos no sucedan. Ejemplos como los de Arabia, donde se instalaron reflectores que iluminan el cielo en las noches para orientar a quienes se extravían en el desierto hacia lugares donde hay alimentos, agua y equipos de comunicación, quizá podrían adoptarse para reducir los costos de búsquedas.
Hace falta una decisión política sustentable y leyes que no sólo reaccionen al espasmo de la opinión pública.
