El Gobierno nacional, que ya había degradado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades a una Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, ahora decidió cerrar el área. En consecuencia, no queda en el país ningún organismo nacional para delinear políticas de género.
La medida es cuestionable no sólo porque casi todas las naciones occidentales han creado en las últimas décadas oficinas especializadas en el abordaje de cuestiones de género, sino también por la forma en que fue presentada a la sociedad.
El comunicado oficial –difundido por las redes sociales– sostiene que la decisión se encuadra en el objetivo de “achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados”. Para que no queden dudas sobre el alcance de este juicio, el Gobierno afirmó que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades fue creado “por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica”.
La brecha salarial, el maltrato y el acoso laboral, la violencia doméstica, la feminización de la pobreza, la discriminación de las minorías sexuales, la baja expectativa de vida de las mujeres trans, realidades vinculadas a las problemáticas de género, pueden ser politizadas o ideologizadas tanto como la educación, la salud, la falta de viviendas o la defensa del territorio nacional, entre tantos ejemplos posibles.
En otras palabras, cualquier política pública, del Estado nacional, provincial o municipal, puede ser politizada. Pero no por ello las oficinas encargadas de monitorearlas deben ser eliminadas del organigrama estatal. En todo caso, será necesaria una redefinición de la estructura administrativa correspondiente y una selección del personal acordes con las responsabilidades asignadas.
Entre otros programas y proyectos de políticas públicas contra la violencia de género, por ejemplo, a nivel nacional funcionaba el Programa Acompañar, para brindar apoyo económico a personas que atraviesan situaciones de violencia; y la línea 144, para dar asistencia telefónica las 24 horas, para contención, asesoramiento e información a mujeres y personas de la comunidad LGBTI+ en situaciones de violencia por razones de género.
Numerosas organizaciones feministas vienen denunciando que muchos de estos programas quedaron prácticamente inactivos desde la asunción del presidente Javier Milei.
Se supone que algunos de estos programas dependerán ahora de la Secretaría de Derechos Humanos, y otros, de la Secretaría de Justicia. Pero no hay precisión ni delimitación alguna. Sólo el anuncio del despido masivo del personal que trabajaba en la subsecretaría que se cierra.
Más allá de todo esto, vale advertir que el propio Gobierno hace lo que le critica a la anterior administración. Porque su decisión de acusar al kirchnerismo de usar el Estado para imponer una agenda ideológica encubre su decisión de usar el Estado para imponer una agenda ideológica, en todo caso alternativa a la que se le adjudica al kirchnerismo.
Una agenda que se comunica con el mayor de los desprecios hacia quienes piensan distinto, además, como lo demuestra el mensaje que publicó la canciller Diana Mondino en una red social: “Saluden al Ministerio de Mujeres y Sandwichitos que se fue”, escribió.
Si estos son el principio y la metodología con las que Milei piensa achicar el Estado, su accionar agravará el problema, en vez de solucionarlo.
