Fue la insistencia de la opinión pública provincial la que consiguió durante el año pasado que la Legislatura de Córdoba avance en el cumplimiento del deber legal de transparentar sus gastos en los términos de la normativa vigente sobre Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado.
Mediante esa difusión obligatoria pudo saberse, por ejemplo, que al mes de mayo de 2025 la nómina de personal registrado en condición de asistentes contratados era de 1.055 agentes. Y que 100 días después, tras la fecha de vencimiento de contratos, este mismo registro tenía sólo nueve bajas y sumaba 1.046 asistentes.
La composición de esa nómina reflejaba la incidencia de tres grupos nítidos: exintendentes que no pudieron ser reelectos, exlegisladores devenidos en asesores y familiares o allegados de los legisladores actuales.
Tras la rendición de gastos al 31 de diciembre pasado, informados en el Portal de Transparencia de la Provincia, se pudo observar ahora cómo la Legislatura administró un presupuesto de $ 44.933 millones.
De esa cifra, el gasto salarial fue el más importante: superó los $ 38.000 millones de pesos. Pero hubo una serie de gastos justificados como inherentes a la actividad legislativa que merecen ser evaluados por cuanto importan la inversión de recursos tributarios que aportan todos los contribuyentes de la provincia.
Durante 2025, los legisladores, de modo individual o a través de los bloques que integran, solicitaron el reintegro de $ 428.719.776 en concepto de gastos por carga de combustible, lubricantes, lavado de vehículos y estacionamiento.
Puede presumirse con toda razón que esos recursos se gastaron en exceso, porque pese al ajuste por inflación aplicado al Presupuesto 2026 del Poder Legislativo Provincial y la previsión de ajustes en los precios de los combustibles, la partida prevista es de $ 341 millones, cerca de un 20% menor.
Esta cifra debe ponerse en contexto con la persistencia de otra partida presupuestaria que en 2025 invirtió $ 376 millones, por otros gastos de movilidad y erogaciones asociadas: pasajes de transporte que los legisladores pueden usar o conceder a terceros.
Otros $ 335 millones gastaron los representantes del pueblo de Córdoba en cortesías y homenajes: placas honoríficas, medallas y trofeos, banderas de ceremonia o flameo para entregar como obsequio. A ello corresponde sumar los recursos tributarios asignados a cócteles, agasajos y gastos de catering en las sesiones que la Legislatura realiza fuera de los recintos que tiene para deliberar.
La suma de todos estos gastos ejecutados en la Legislatura provoca en general la preocupación, cuando no la irritación de una ciudadanía convocada a respaldar un severo ajuste económico a los fines de reencauzar el rumbo económico perdido en los últimos años.
Los legisladores son representantes legítimos de la misma sociedad que interpela por la sensatez y equidad del esfuerzo requerido en orden al bien común. Esa condición está lejos de relevar al Poder Legislativo de sus obligaciones de austeridad y transparencia en la administración.
Todo lo contrario: urge revisar cuanto antes los criterios de ejecución presupuestaria para hacerlos coincidir con la expectativa ciudadana.
