Comenzó uno de los juicios más grandes de la historia argentina: la llamada “causa de los cuadernos”. En el centro de la escena están Cristina Fernández de Kirchner y decenas de exfuncionarios, empresarios y contratistas del Estado.
El proceso judicial busca determinar si durante los gobiernos kirchneristas funcionó una estructura destinada a recaudar sobornos de empresas a cambio de contratos de obra pública. Un entramado que, de comprobarse, habría operado como una maquinaria aceitada para convertir decisiones políticas en beneficios privados.
La causa se originó en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró durante años viajes con bolsos repletos de dinero hacia despachos oficiales. Esos cuadernos –minuciosos– se convirtieron en el punto de partida de una investigación monumental. Jueces y fiscales identificaron un patrón de recolección de fondos en efectivo, reuniones en ministerios, hoteles, domicilios y oficinas vinculadas al poder.
Sobre esa base, el expediente sumó confesiones, arrepentidos, escuchas, documentos y planillas que delinearon un circuito de corrupción sistemático.
El esquema, según la acusación, era claro: las empresas obtenían contratos públicos a cambio de pagos ilegales. Los montos se pactaban según el volumen de cada obra, y una parte del dinero terminaba en manos de altos funcionarios.
El flujo de fondos se mantenía en efectivo, fuera del sistema bancario. Lo que surgió de esos cuadernos fue más que una serie de coimas; fue el retrato de un sistema de poder que confundió Estado con patrimonio propio.
Más allá de los nombres y de las responsabilidades que determine la Justicia, este juicio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta esencial: ¿cuánto daño causa la corrupción en un país? La respuesta es profunda.
En lo económico, desvía recursos que debieran destinarse a escuelas, hospitales, caminos y viviendas.
En lo social, profundiza la desigualdad: mientras unos pocos se enriquecen, millones quedan marginados.
En lo político, corroe la confianza en las instituciones y en los líderes, alimenta el cinismo y desalienta la participación ciudadana. Y en lo institucional, destruye los mecanismos de control y transforma la función pública en un territorio de negocios.
La corrupción es, así, una forma de deterioro moral y colectivo. Cuando se naturaliza, todo el sistema se degrada.
Por eso este juicio es una oportunidad para que el país mire de frente su historia reciente y decida si quiere seguir tolerando la impunidad o construir un nuevo estándar de transparencia.
Combatir la corrupción no se reduce a castigar a los culpables. Implica transformar la cultura del poder, revisar las reglas del financiamiento político, transparentar las contrataciones del Estado y fortalecer los organismos de control.
Supone también educar a la ciudadanía en valores de integridad y de responsabilidad pública. La transparencia debe dejar de ser una bandera discursiva para convertirse en práctica cotidiana.
Está en juego la posibilidad de romper con un ciclo histórico de complicidades.
Argentina necesita un compromiso firme: más normas, más controles, más ética pública. Sólo así el Estado podrá recuperar su sentido original: servir a todos, no a unos pocos.
