Ya no se trata sólo de evaluar la cantidad de escolares que reciben un plato de comida de algún organismo asistencial del Estado. El problema es mayor y adquiere indicios de desamparo: la minoridad sumergida en la vulnerabilidad absoluta no recibe una alimentación adecuada. Y, a tenor de las alertas de muchos referentes sociales, hay niños, niñas y adolescentes que pasan hambre.
Es por ello un contrasentido que el Paicor (un emblema en la cobertura nutricional de los alumnos en la provincia de Córdoba) haya dejado de cumplir su función principal por el cierre de los establecimientos escolares a raíz de la pandemia de coronavirus.
En esa dirección apunta el reclamo de docentes y de padres de alumnos. Desde hace meses, vienen bregando ante las autoridades provinciales para apurar la reapertura de los comedores del Paicor, de modo de garantizar una comida caliente a los grupos de estudiantes anotados en ese programa.
Habrá que admitir que se distribuyen módulos alimentarios de forma periódica, pero se trata de alimentos no perecederos que en muchos casos son insuficientes frente a la demanda o que no cubren las necesidades nutricionales recomendadas por los expertos para menores en etapa de crecimiento.
Urge examinar medidas de remediación, ya no sólo en los ámbitos de la comunidad educativa. Días atrás dimos cuenta de un informe difundido por la Universidad Católica Argentina y por Cáritas Argentina que advierte sobre un incremento en todo el país de la inseguridad alimentaria total. Allí se pone en recuadro situaciones extremas, lo cual, traducido a la realidad, implica “experiencias de hambre”.
A la par de los estragos que causa a nivel sanitario, la pandemia agravó la inestabilidad económica en todos los indicadores y, como derivación, arrasó con cuantiosos puestos de trabajo
Ello profundizó el estado de desprotección de las familias que ya sentían los efectos de la pobreza. Y las derivaciones son desoladoras: padres en aprietos para llevar un plato de comida caliente a sus hogares, en un contexto difícil en el que los más chicos sufren las peores privaciones.
Ante semejante escenario de depresión socioeconómica (que es fácilmente verificable desde mucho antes de que la pandemia se declarara en la Argentina), cerrar un comedor escolar de gestión estatal es a todas luces una política inoportuna.
Hay testimonios que son decisivos y eximen de mayores comentarios acerca de la arraigada costumbre del Estado de permanecer ausente donde las necesidades son acuciantes: “Necesitamos la copa de leche a la mañana, cuando los chicos tienen frío; y también a la tarde, cuando los chicos van sin almorzar”, afirma la vicerrectora de una escuela ubicada en Argüello, al noroeste de la ciudad.
Es decir, ya no es una novedad que hay chicos que no almuerzan (y quizá tampoco cenan) y apenas dependen de esa generosa “copa de leche” que le puede arrimar la invalorable institución educativa.
Las autoridades y la dirigencia política deben asumir las responsabilidades del momento para que la crisis galopante no se ensañe con la niñez indefensa.
