La Patagonia vuelve a arder y, con ella, se reaviva una escena dolorosamente conocida por los argentinos. En Chubut, un incendio forestal de enormes proporciones avanza desde comienzos de la semana y ya dejó imágenes estremecedoras: el fuego cruzó la Ruta Nacional 40 entre El Hoyo y Epuyén, más de tres mil personas evacuadas, decenas de viviendas en riesgo y miles de hectáreas de bosques nativos reducidas a cenizas.
Las altas temperaturas, la ausencia total de lluvias y las fuertes ráfagas de viento configuran un escenario extremo que pone al límite a bomberos y brigadistas.
El operativo desplegado es imponente, pero insuficiente frente a la magnitud del desastre. En zonas críticas como el Parque Nacional Los Alerces, el trabajo es “cuerpo a cuerpo”.
A esto se suma un dato inquietante: los peritajes iniciales detectaron el uso de acelerantes en algunos focos, lo que refuerza la hipótesis de incendios intencionales en un contexto de disputas por tierras.
Lo que ocurre hoy en la Comarca Andina no es un hecho aislado ni excepcional. Cada verano, los incendios forestales golpean a la Patagonia, el Litoral, Córdoba y el norte argentino, y dejan a su paso destrucción ambiental, pérdidas económicas y comunidades devastadas.
Veranos más secos, olas de calor prolongadas y vientos intensos crean condiciones ideales para la propagación del fuego. Sin embargo, el problema se agrava cuando el Estado se retira, desfinancia y desmantela las herramientas destinadas a prevenir y combatir los incendios.
El caso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) es paradigmático: lejos de fortalecerse frente a un riesgo creciente, sufre recortes presupuestarios históricos y una subejecución sistemática de los fondos disponibles.
Las organizaciones ambientalistas lo advierten con datos concretos. Para 2026, el presupuesto del SNMF tendrá una caída real de 69% respecto de 2023 y de 78,5% en comparación con 2025.
A eso se suma que, en los últimos años, una parte sustancial de los recursos asignados ni siquiera fue ejecutada. Menos fondos implican menos horas de vuelo, menos alertas tempranas, menos equipamiento, menos capacitación y peores condiciones laborales para quienes arriesgan su vida en la primera línea del fuego. Todo esto ocurre, paradójicamente, en el período con mayor cantidad de incendios desde 2016.
Como si este panorama no fuera suficientemente grave, el Gobierno nacional avanza además en la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, una norma clave para desalentar los incendios intencionales al prohibir la modificación del uso del suelo durante décadas en las zonas afectadas.
Eliminar esa protección equivale a abrir la puerta a la especulación inmobiliaria y productiva sobre tierras quemadas.
La tragedia que hoy se vive en la Patagonia debiera ser un llamado de atención urgente. Resulta imperioso que el Gobierno nacional revise de manera profunda su política frente al cambio climático y a los incendios forestales.
Prevenir y mitigar incendios no es un gasto superfluo: es una inversión estratégica para proteger ecosistemas, comunidades y vidas humanas. No es una opción ideológica, sino ética. Cada hectárea que se quema hoy es una deuda ambiental hacia el futuro.
