El Gobierno nacional puso en marcha una serie de medidas para evitar una suba en los precios de los cortes de carne al público. Sin embargo, esas resoluciones podrían producir un efecto contrario al objetivo planteado.
La ganadería ya conoció los resultados negativos de una política similar aplicada entre 2006 y 2015, que se basó en los registros de operaciones de exportación (ROE). Tales registros desalentaron las ventas al exterior, por lo que la Argentina perdió presencia en mercados tradicionales para nuestro país. El resultado final fue la caída en 10 millones de cabezas del stock de ganado en pie.
Por contrapartida, ante la escasez de animales, los cortes al público tuvieron un incremento que estuvo por encima de la inflación para ese período.
Pese a los malos resultados, las autoridades nacionales insisten ahora con un mecanismo parecido, que es el flamante sistema de declaraciones juradas de operaciones de exportación de carne (DJEC). La aprobación final de las DJEC quedará sujeta a la decisión de un burócrata de turno. Reproduce así el sistema utilizado con los ROE, con sus pésimos resultados conocidos.
La Federación Agraria Argentina (FAA), que no puede ser tildada de una entidad defensora de los intereses empresarios, sostuvo en una declaración que “el Gobierno creó un mecanismo para prohibir, trabar, restringir, direccionar y manipular las exportaciones de carne. Antes, fueron los ROE; ahora, bajo el discurso del control de la informalidad y la evasión, son las DJEC”, señaló.
El crecimiento de la ganadería así como el de las exportaciones de carne durante el período 2015-19 generaron, sin dudas, una capacidad de abastecimiento que, en lo inmediato, se volcará al mercado interno ante el virtual cierre de las exportaciones.
Esta reacción puede generar, en el corto plazo, una baja o un estancamiento de los precios de los artículos de consumo, pero en el mediano plazo repetirá los errores de la anterior experiencia.
Es casi seguro que los ganaderos decidan destinar sus recursos a actividades con mayor rentabilidad, en momentos en que la demanda global de granos tiene un fuerte crecimiento, con precios récords.
Los controles de precios y la excesiva intervención estatal, políticas a las que suelen ser afectos los funcionarios del actual Gobierno nacional, tienen un derrotero negativo, que se ha repetido en numerosas ocasiones en nuestro país.
Ante esta coyuntura, el Estado podría hacer su aporte para reducir el precio de la carne con una baja en los impuestos. De cada 100 pesos, los diferentes niveles del fisco se llevan 28 pesos.
Pese a la advertencia de las entidades agropecuarias y de sectores vinculados con la producción, el Gobierno hace caso omiso a tales reclamos. Le seduce el objetivo de llegar con precios controlados a las elecciones legislativas, en las que la situación económica suele tener un peso decisivo sobre la voluntad de los votantes.
Sin embargo, la destrucción del aparato productivo y la pérdida de miles de empleos serán difíciles cargas, cuyos efectos colaterales se observarán más temprano que tarde.
