Este sábado 1º de julio, cumplen tres años de vigencia los contratos firmados a través de la ley número 27.551, de Alquileres Urbanos, la que modificó el anterior ordenamiento y estableció ese lapso como plazo mínimo.
Los resultados de esa norma pueden considerarse desastrosos, por el fuerte aumento que sufrieron los alquileres, a la vez que desalentaron la compra de inmuebles destinados a ese fin debido a la baja rentabilidad.
La ley fue impulsada durante la gestión de Mauricio Macri y sancionada finalmente por el Senado en junio de 2020, bajo el actual gobierno.
Los dos cambios sustanciales que introdujo fueron la extensión del plazo mínimo de alquiler de dos a tres años y la definición de un índice de actualización.
Este indicador se identifica como índice de contratos de locación (ICL), que publica el Banco Central y surge del promedio del índice de precios al consumidor (IPC) y de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que refleja la variación salarial.
Por el proceso inflacionario que atraviesa la Argentina, el ICL tuvo fuertes aumentos en el último semestre, lo que provocó el virtual desalojo de miles de inquilinos que no pudieron afrontar el pago mensual.
Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba reveló que las actualizaciones de los contratos superan en 140 puntos porcentuales la inflación del primer trienio de vigencia de la norma.
En Córdoba, el departamento testigo aumentó 534 por ciento, 93 puntos por encima de la inflación del período que fue de 441%.
Por contrapartida, las ventas de inmuebles para inversión siguieron en caída, salvo los casos de departamentos y viviendas que se destinan a un alquiler temporario.
Este tipo de inmuebles registró un crecimiento exponencial de la demanda por razones turísticas, ante la caída del peso y la revalorización del dólar.
Como resultado de las distorsiones, miles de familias debieron aceptar realojarse en las viviendas de sus progenitores o hacinarse en espacios reducidos, compatibles con sus ingresos.
En forma paralela, crecieron de modo exponencial los alquileres temporarios para turistas, o bien para familias, que son disfrazados en los contratos con duraciones mínimas de la locación, pero que se renuevan en forma periódica.
Todas estas distorsiones deben ser salvadas en una nueva ley que sancione el Congreso, que supone obviar la sugerencia realizada por las autoridades nacionales de corregirlas con un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
En ese caso, la caída de la reputación del Gobierno sería inmensa, ya que se volvería a modificar un contrato entre privados a través de un DNU, sin respetar el ordenamiento jurídico.
Pese a las declaraciones y a las intenciones expuestas de modificar el actual cuerpo legal, las dos fuerzas mayoritarias del Congreso no consiguieron avanzar en un proyecto para solucionar la emergencia.
La tarea de los legisladores no admite mayores dilaciones ante el grave cuadro social, que ha sido provocado por una norma que no contempló en forma adecuada los intereses de todos los sectores involucrados en el negocio inmobiliario.
