La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, impuso el aislamiento de presos de alto riesgo detenidos en cárceles federales involucrados en las amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien decidió que su familia abandonara la ciudad de Rosario, luego de recibir significativos mensajes intimidatorios.
Las personas bajo sospecha no podrán tener contacto con nadie y permanecerán aisladas hasta tanto se esclarezca la cuestión. En concreto, todo aquel detenido que sea señalado por la Justicia de Santa Fe como probable autor de las amenazas al gobernador será alcanzado por esta medida.
Pullaro recibió al menos dos mensajes intimidatorios en lo que va del año. Bullrich se comunicó telefónicamente con el gobernador y se reunió en Buenos Aires con la vicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia. Según Scaglia, las autoridades provinciales tienen identificados a los autores de las amenazas.
Con todo, el mensaje más reciente contendría datos sensibles por los que el gobernador tomó la decisión de que su familia abandonara la casa y se mudara a un sitio que no fue informado por razones de seguridad.
En el último mes, además de las amenazas al gobernador, Santa Fe se ha visto conmocionada por las balaceras al cajero automático de un banco, un hospital y una escuela pública. En los tres casos, los atacantes dejaron notas intimidatorias “firmadas” por personas detenidas en pabellones de alta seguridad. La Justicia está investigando los hechos y, aunque no ha certificado todavía la autoría intelectual de los ataques, ha ordenado la detención de dos personas.
Tanto las balaceras como los mensajes intimidatorios han sido adjudicados a las bandas narco que operan en la provincia, y expresarían su reacción negativa ante el endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil vinculados al narcotráfico que tomó Pullaro apenas asumió.
En ese contexto, en una de las sorpresivas requisas realizadas pocos días atrás en la cárcel de Piñero se secuestraron celulares, pendrives, objetos cortopunzantes, tarjetas de memoria y cuadernos con anotaciones, entre otros elementos.
El cuadro es tan claro como preocupante. Por un lado, es obvio que el Estado debe redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, lo que no solo implica cuestiones de seguridad sino también un amplio abanico de políticas específicas para que la cultura narco no se siga expandiendo en la sociedad.
Por otro lado, es por demás llamativa la omnipotencia y la impunidad con que parecen moverse estas bandas santafesinas, capaces de planear y ejecutar actos de violencia en el espacio público, amén de contar con redes de inteligencia que pueden seguir y observar al detalle la vida del gobernador y de sus familiares.
Como es lógico, la respuesta del Estado, a nivel provincial y federal, debe ser contundente, pero debe atenerse al marco legal vigente. El Estado, por ningún motivo, puede transgredir la ley y quedar inmerso en violaciones a los derechos humanos de los criminales. Una premisa que, vale remarcarlo, no es garantista ni busca favorecer a los delincuentes. Es sólo la más plena y necesaria reafirmación del estado de derecho en una situación de máxima inseguridad.
