Uno de los síntomas más nítidos de la situación de emergencia que atraviesa el país es el funcionamiento de la economía sin su herramienta principal: una ley de Presupuesto anual debatida y aprobada por el Congreso a instancia y propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el final del mandato del anterior gobierno, y a casi dos años de la gestión actual, la administración del Estado continúa guiándose por una estimación de gastos y recursos prorrogada.
En ese lapso, la economía sufrió además una distorsión más que significativa, por el impacto de un proceso inflacionario de tres dígitos anuales. De modo que la administración estatal viene funcionando a ojo de buen cubero, con el alto grado de discrecionalidad que esto implica para todos los niveles de gestión, nacional y subnacional.
Esta situación debe ser corregida. El argumento de la excepción por emergencia no puede sostenerse de manera indefinida sin provocar un daño institucional.
Hay ahora condiciones materiales y políticas que lo permiten. El logro obtenido de una tendencia incipiente pero sostenida a la estabilización de los precios, los acuerdos de renegociación de los compromisos externos con organismos multilaterales de crédito y la renovación de la representación política en el Congreso son insumos clave para avanzar hacia la normalización presupuestaria que urge.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó meses atrás su proyecto de Presupuesto 2026 con objetivos y estimaciones de variables macroeconómicas que sus adversarios han controvertido, y la iniciativa se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados, sede de origen para el debate, según ordena la Constitución Nacional.
Pero los legisladores nacionales que acaban de ser legitimados como tales por el proceso electoral reciente asumirán el 10 de diciembre próximo.
Algunos referentes de fuerzas de la oposición han manifestado su interés en acelerar la aprobación parlamentaria antes de esa fecha. El Gobierno nacional, que sostiene una posición contraria, dejó trascender su voluntad de convocar a sesiones extraordinarias tras la finalización del presente período legislativo, a fin de facilitar el debate del nuevo Presupuesto.
Para los representantes de provincias como la nuestra, que han sido históricamente desfavorecidas con una regulación inclinada de manera inequitativa a satisfacer demandas de la región metropolitana y de distritos afines a gobiernos de turno, la discusión de los ingresos y gastos previstos por el Estado es una instancia clave.
De ella depende la estructura de oportunidades económicas que se asigne a millones de ciudadanos que aquí viven y desarrollan sus esfuerzos para aportar a la prosperidad del país en su conjunto.
En consecuencia, es un criterio de salud democrática que ese debate central se concrete con el aporte de los parlamentarios cuya legitimidad fue consagrada en las urnas del pasado domingo 26. Allí reside la expresión más reciente de la voluntad popular.
Forzar el tratamiento acelerado del Presupuesto próximo por los congresistas que terminan su mandato en pocas semanas más sería una maniobra a contrapelo de esa realidad democrática y podría dejar sujeto un tema de importancia meridiana a la volatilidad de voluntades en franca retirada.
