Los conflictos, aun sin dirimirse, que se desataron hace meses en casi todas las áreas de la salud pública, afectaron la atención de servicios esenciales y de alto contenido humanitario, entre los que se cuentan las prestaciones básicas por discapacidad.
Un derecho consagrado en leyes y en convenciones internacionales que no siempre fueron respetadas por los gobiernos; y, peor aún, por minúsculos grupos de inescrupulosos que cometen actos de discriminación en perjuicio de las personas con distintos grados de discapacidad.
Por cierto, semejante desatención no obedece sólo a las medidas de fuerza de los prestadores de la salud, sino también a intereses económicos desmesurados, que aprovechan la desregulación impulsada por el Gobierno nacional a partir del 10 de diciembre pasado.
En una tardía toma de conciencia, y en aras de honrar derechos y de encauzar un tema de enorme sensibilidad social, la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó días atrás el dictamen de un proyecto que plantea la obligación de proteger las prestaciones pertinentes.
Es de admitir que no se trata solamente de una tardanza en tomar posiciones desde el Parlamento argentino, sino también de una reacción a la celeridad e intensidad con que el Gobierno plantea avanzar con la desregulación. En mayo pasado, la gestión Milei presentó un proyecto de decreto para desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas, lo cual habilitaba a cada prestador a fijar aranceles de manera autónoma.
Una curiosidad que no pasó inadvertida: el dictamen en la referida comisión contó con el respaldo de todos los bloques, excepto el de La Libertad Avanza, la coalición gobernante fundada por el presidente Milei en junio de 2021.
¿Cómo asumir que el Gobierno nacional tiene el deber de garantizar las prestaciones a las personas con discapacidad (en rigor, de todo el esquema de salud) y que sus legisladores nacionales no avalen una iniciativa superadora?
Más aún cuando el texto de la iniciativa plantea que las prestaciones a las personas con discapacidad sean obligatorias e integrales; es decir, que contemplen prevención, asistencia y protección.
Todo lo demás se puede congeniar en una mesa de diálogo y de consensos. En síntesis, una asignatura pendiente que no sólo es atribuible a la actual administración del país. Como bien planteó la diputada por Córdoba Natalia de la Sota (Hacemos Coalición Federal y una de las promotoras del proyecto), es una obligación bregar para que jamás ningún gobierno intente avasallar los derechos de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad.
No puede haber políticas desregulatorias que afecten un sistema de por sí resquebrajado por las recurrentes paralizaciones de los equipos de salud en sus diversas especialidades. Profesionales de gestión pública y privada que, con derecho, reclaman mejoras salariales y condiciones de trabajo dignas.
Sin desviarnos de la dedicación que merece la generalidad de disciplinas médicas, la protección de la discapacidad es un derecho humano que ninguna política desregulatoria puede dejar al desamparo.
