Como si estuviéramos duchos en convivir con las polémicas que genera el poder político, en función de megaproyectos de refundación de la Argentina que son promovidos por el oficialismo gobernante y tumbados en el Congreso nacional por bancadas de la oposición, ahora hay nuevos ingredientes para extender aquella vieja costumbre de no ponernos de acuerdo en nada.
Resulta que en el fragor de la pulseada por la aprobación de la denominada “ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, pregonada y defendida al límite por el presidente Javier Milei, un grupo de diputados de la Libertad Avanza presentó un proyecto en el Parlamento para derogar la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020.
Una iniciativa que, lejos de atenuar las exasperaciones, generó encendidos rechazos de la oposición y de colectivos de mujeres que por aquellos años se movilizaron con la consigna en alto referida a la defensa de la voluntad de elegir.
Tan fuerte fue el estruendo político y social que detonó la idea de derogar la citada norma que una de las firmantes del proyecto libertario, la diputada Rocío Belén Bonacci, salió a aclarar que se trata de una iniciativa propia y no del presidente de la Nación.
Si se razona sobre el fondo de la cuestión, habrá que advertir que la pretendida abolición de un instrumento de alto impacto social significaría un retroceso en los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Derechos que, vale reiterar, fueron consagrados con rango de ley al cabo de arduos debates en ambas cámaras del Congreso.
También es admisible el derecho a disentir, pero la pretendida refundación de la Argentina que se planteó como meta la administración que asumió la conducción del país el pasado 10 de diciembre no significa de ningún modo desmantelar de un plumazo todo lo que concierne a las leyes y a los reglamentos propios de un sistema republicano.
El polémico proyecto es a todas luces regresivo, pues plantea penas de prisión para quien practique un aborto. Incluso, la condena alcanzaría a la mujer que interrumpa su embarazo aun en caso de violación.
Habrá que examinar tiempos y oportunidades: no es un dato aleatorio que el proyecto libertario sea ingresado a la Cámara Baja en vísperas del encuentro entre Milei y el papa Francisco. Y es de utilidad informativa acudir a los archivos para recordar que, en el marco de su campaña electoral rumbo a la presidencia del país, Milei había deslizado que, de alcanzar el poder, buscaría la derogación de la ley que despenalizó el aborto.
Una renovada falta de tacto y evidente impericia del oficialismo al intentar reflotar una polémica que ya fue dirimida en los ámbitos constitucionales pertinentes (incluso con pronunciamientos de la Justicia). En estos tiempos de crisis voraz, la sociedad demanda otro tipo de iniciativas por parte de sus representantes.