La campaña electoral lanzada en la mayoría de las provincias viene acompañada de una alerta por la salud de las cuentas públicas.
Para asegurarse la reelección o la consagración de sus delfines políticos, los mandatarios realizaron importantes aumentos a los empleados estatales, además de anunciar incontables obras públicas.
La necesidad de compensar la pérdida de los salarios frente a una inflación interanual de tres dígitos despertó, a su vez, el reclamo de los gremios.
En líneas generales, los sindicatos eludieron los paros y los reclamos al Gobierno de Alberto Fernández, a quien apoyaron en buena parte de su mandato.
Esa actitud fue visible pese a la caída del salario real en los últimos años, al aumento de la pobreza y a una inflación que superó registros históricos.
El despilfarro de algunas administraciones provinciales, a la vez, no tiene justificación.
La reciente elección en La Rioja reveló que diversas gestiones –identificadas con el justicialismo– alentaron la creación por parte del Estado de sendas empresas para la comercialización de pollos y de cerdos y para administrar un cine, entre otras actividades públicas.
Gran parte de la población depende de los sueldos que paga el Estado riojano, el que a su vez es un mendicante de los aportes de la administración nacional para poder sostener sus emprendimientos y prestaciones básicas.
Este mal ejemplo es imitado en otras regiones, en las que el gobierno local asume tareas o iniciativas que podrían ser desarrolladas por el sector privado sin afectar los recursos públicos.
El cuadro de prestaciones se complica ante la caída de la recaudación tanto provincial como nacional, por la menor actividad económica.
La principal razón está vinculada con la sequía, que provocará menores ingresos por unos 20 mil millones de dólares en el complejo agroindustrial en relación con la campaña anterior.
A la parálisis de ese motor económico se suman la retracción de las inversiones y la baja en el comercio minorista, ante la pérdida real de los salarios y de las jubilaciones.
En abril, la caída real de los fondos remitidos por la Nación a las provincias fue de 4,3 por ciento, según consultoras privadas.
Luego del pico de julio de 2022, los ingresos en las provincias registraron una disminución paulatina, con una caída real en el primer cuatrimestre de este año.
Este mal dato, que complicaría las actividades y el pago de haberes en las administraciones públicas, puede perpetuarse en los meses venideros por las causas señaladas, además de la incertidumbre electoral.
Las dudas que existen sobre las propuestas de los distintos candidatos paralizan los negocios y las inversiones; por ende, la recaudación de tributos.
Esta realidad debe obligar a la mesura y a la austeridad en la gestión de las diferentes administraciones, al tiempo que es necesario dejar de lado los anuncios grandilocuentes, aumentos salariales que excedan lo razonable y los bonos o entrega de bienes con tinte electoral.
Argentina ya experimentó las graves consecuencias que generan los déficits incontrolables y la ausencia de recursos para atender los servicios básicos que debe asumir el Estado.
