El Gobierno de Córdoba insistió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la deuda y la supresión de la remisión de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para con la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
La audiencia entre autoridades provinciales y funcionarios del Gobierno central se debe a dos presentaciones realizadas en 2023 por el entonces gobernador Juan Schiaretti.
El actual mandatario, Martín Llaryora, aseguró que la deuda ya ronda el billón de pesos, por la falta de remisión de fondos y los intereses acumulados.
A ese pedido se sumó el incumplimiento de remesas mensuales desde diciembre de 2023, que en la actualidad llegan a $ 20 mil millones.
En 1993, al crearse las entonces administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, 13 provincias decidieron mantener sus propios regímenes, con el aporte del Gobierno nacional.
Este acuerdo surgió como una compensación de las contribuciones y de los aportes que realizaban los trabajadores de esas jurisdicciones al sistema nacional, que se conocía como “jubilación privada”.
Los incumplimientos no son nuevos, pues el exgobernador José Manuel de la Sota realizó un planteo similar ante la Corte Suprema, por el cual obtuvo un fallo favorable en 2015, semanas antes de la asunción de Mauricio Macri, quien saldó la deuda.
Desde la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo Nacional, los envíos a las provincias se suspendieron a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que anuló las partidas previstas en el Presupuesto 2023.
Ese cálculo de gastos y recursos se prorrogó para su ejecución en 2024 y en 2025, con lo cual se incrementaron las obligaciones impagas con los estados federales.
El Gobierno nacional modificó con un DNU derechos constitucionales que surgían del mencionado Presupuesto, además de avasallar la autonomía de las provincias con la no remisión de recursos federales.
La prepotencia de las autoridades nacionales se ha convertido en una conducta perversa, para desconocer legítimos derechos de ciudadanos y de las provincias, con el objetivo final de exhibir déficit cero en las cuentas públicas.
La gestión de Milei parece olvidar los preceptos consagrados por economistas que recibieron el premio Nobel, que ponderan la calidad institucional como cimiento para un desarrollo sustentable y para la atracción de inversiones extranjeras por parte de los estados.
El equilibrio en las cuentas oficiales no debe ser un objetivo que desconozca legítimos reclamos de las provincias y de sus ciudadanos.
De la Caja de Jubilaciones de la Provincia dependen más de 100 beneficiarios que, basados en las leyes y reglamentaciones de su momento, obtuvieron el derecho a tener un haber legítimo como compensación a sus años de trabajo.
El sistema de reparto previsional nacional y de las 13 administraciones que conservan sus propios regímenes merece una revisión y una adecuación a los nuevos tiempos laborales y de ahorro de las sociedades.
Ello no constituye una justificación para el avasallamiento de derechos humanos legítimos y constitucionales de las provincias, por un poder central tentado al autoritarismo en sus prácticas cotidianas.
