El trabajo productivo es un pilar fundamental tanto para la realización de las personas como para el progreso social. Sin embargo, en Argentina, apenas una de cada cinco personas en edad activa logra acceder a un empleo de calidad.
Esto implica que más de seis millones de personas están empleadas en trabajos de baja calidad, caracterizados por la falta de estabilidad, bajos ingresos y ausencia de derechos laborales básicos, como aportes jubilatorios y cobertura de salud.
Así lo describe un reciente informe de Idesa, que difundió una radiografía del mercado laboral argentino en la que se exponen problemas profundos que no son nuevos y que exigen soluciones urgentes.
Según este estudio, existen en la actualidad tres desafíos principales en relación con el mercado laboral: la alta inactividad, la baja calidad del empleo y los salarios muy deprimidos y desiguales.
En relación con el primer punto, y según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2024, un 27% de la población urbana en edad de trabajar en Argentina se encuentra inactiva: son cinco millones de personas.
Sobre el segundo punto, de las 18,6 millones de personas en edad de trabajar, sólo cuatro millones consiguen acceder a lo que se considera un “empleo de calidad”. Este segmento se compone de asalariados privados formales o cuentapropistas profesionales. La cifra representa apenas 21% del total de personas en edad laboral.
En un marcado contraste, 6,2 millones de personas tienen trabajos calificados como de baja calidad.
Por último, en un escenario caracterizado por el estancamiento productivo y una alta inflación persistente desde hace largos años, los ingresos laborales sufrieron una pérdida constante de poder de compra.
Entre enero de 2019 y enero de 2025, el salario real de los trabajadores registrados en el sector privado cayó 9%. Mucho peor es para quienes están en la informalidad: 25%.
Además, si a todo ese combo le agregamos que por cada 10 pesos generados en el empleo formal, un trabajador informal apenas produce cinco pesos, se profundiza la desigualdad estructural del mercado laboral a niveles astronómicos.
Según la investigación, las trabas principales son la legislación laboral, el sistema educativo y la degradación institucional.
Para abordar estos desafíos, es fundamental implementar políticas públicas a largo plazo que no sólo promuevan la inclusión laboral de toda la población económicamente activa, sino que también mejoren la calidad de los empleos.
Estas políticas deben incluir amplias reformas que modernicen la legislación laboral y reduzcan impuestos y cargas laborales, y que eliminen trabas burocráticas que desde hace décadas obstruyen la creación de empleo.
También se necesita una profunda revisión del sistema educativo, que debe contener programas de formación de habilidades adaptadas a nuevas realidades del mercado y, a la vez, recibir una inversión acorde para disminuir la gran brecha generada a partir de la degradación del sistema público.
En conclusión, la transformación del mercado laboral argentino requiere un enfoque integral y sostenido en el tiempo, que aborde tanto la generación, como la inclusión y la calidad del empleo.
