Argentina parece condenada a la repetición cíclica de sus errores mientras de a poco los ciudadanos que esperaban ver algo distinto comienzan a reconocer en el presente las constantes del pasado.
Más allá de los discursos reformistas y hasta apocalípticos de la nueva gestión nacional, el día a día nos devuelve a la sensación de estar viviendo una y otra vez lo ya vivido. La resolución número 1496/ 2023 del Ministerio de Justicia de la Nación podría ser un buen testimonio de ello.
Refrendada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dicha resolución dispone incrementos de 200% en los gravámenes que pesan sobre la inscripción de automotores, con un ajuste del 180% para la emisión de una tarjeta verde y de 150% para la entrega de una chapa patente, aun cuando en este ultimo caso quien pague el nuevo valor recibirá solo un papel, a la espera de que la placa le sea entregada varios meses después (por los cepos a la importación impuestos por el gobierno anterior, no hay chapa para la confección de dicha placa).
Así, el registro de un automóvil insumirá el 6% del valor total del vehículo, porcentaje que se compone de 3% de impuestos diversos y el resto de aranceles, lo que para una unidad cero kilómetro representa un recargo apreciable.
Ya se sabe, desde que se multiplicaran exponencialmente en los años 1990 hasta alcanzar niveles epidémicos en los últimos cuatro años, los registros del automotor se han convertido en un apetecible botín político destinado a premiar fidelidades y crear empleo a costa de cargar a los usuarios con costos que tienen por único objetivo sostener un aparato clientelar.
Lo curioso, sin embargo, es que el controvertido megadecreto de necesidad y urgencia que por estos días debe tratar el Congreso nacional enfatiza en uno de sus capítulos la necesidad de avanzar sobre 1.700 registros del automotor a efectos de simplificar los trámites y aliviar a los usuarios de costos abusivos, o sea todo lo contrario de lo que acaba de resolver el Ministerio de Justicia en la materia. Tal como si la distancia que media entre la Casa Rosada y el Ministerio dificultara la comunicación.
Puestos a imaginar el porqué de tan gruesa contradicción podría alegarse que dicha incoherencia obedece a la necesidad de ser coherentes con la tradición nacional, esa que lleva a todos los gobiernos a hacer lo contrario de lo comprometido.
De ser esa la cuestión, los ciudadanos de a pie que han apostado a la promesa de algo distinto se enfrentarían a una nueva desilusión. Y esto último no es un asunto para tomar a la ligera en una sociedad agobiada por el alto costo de una frustración que ya se extiende por décadas.
Nadie debería jugar con esas cosas, porque en el fondo lo que se juega es la democracia misma, y ella es de lo poco que aún nos resta.
