Desde que existen los parlamentos en el mundo, no es extraño que los representantes del pueblo levanten sus voces y crucen insultos o acusaciones con miembros de otras agrupaciones políticas o de su mismo bloque. En no pocos casos, se ha pasado de la violencia verbal a la física, como sucedió a principios de marzo entre dos diputados libertarios en la Cámara de Diputados de la Nación.
La intensidad de las discusiones políticas de todo orden puede alcanzar niveles extremos. Aunque se supone que un legislador es una persona lo suficientemente formada como para controlar su temperamento y respetar los buenos modales, los hechos tienden a demostrar lo contrario. Las escenas de pugilato oral son cada vez más frecuentes, alentadas también por la circulación de imágenes y videos en las redes sociales.
En ese contexto, sería ingenuo escandalizarse por lo que viene sucediendo en la Legislatura de Córdoba en las últimas semanas. La Unicameral se ha transformado en una especie de circo, con gritos, gestos espectaculares y abundantes reels de Instagram. Y si se atiende a las expresiones de oficialistas y opositores, no parece que el panorama vaya a calmarse pronto, dado que unos y otros reconocieron que la cosa podría agravarse en la medida que se acerquen las elecciones legislativas de octubre.
Sin dudas sería un error ético naturalizar este clima de tensiones y agresiones constantes, porque en democracia las ideas y las iniciativas se defienden con datos y argumentos, no con violencia. Sin embargo, lo peor –en términos legislativos– es que esos intercambios de pirotecnia verbal impiden que los temas agendados se debatan de forma seria y en profundidad.
Ejemplos recientes: hubo dos sesiones en la última semana, una especial y otra ordinaria. En la primera se aprobó el apoyo de Córdoba para que se sancione en el Congreso nacional una ley de financiamiento a las universidades. En la segunda se adhirió al acuerdo Nación-Provincia por el pago de la deuda de Anses a la Caja de Jubilaciones. En ambos casos, en vez de debates hubo chicanas.
El presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano, llegó al extremo de regalar bananas a sus pares de la UCR, para tratarlos de “gorilas”, una broma fuera de lugar en un recinto legislativo, mientras que los opositores colgaron carteles contra Martín Llaryora por no pronunciarse sobre el caso de Cristina Kirchner. En la sesión del miércoles pasado, la vicegobernadora Myrian Prunotto tuvo que repetir varias veces: “No voy a permitir que me falten el respeto”, en respuesta a las constantes críticas del radicalismo.
Como un rasgo de época, además, tan incompatible con la actividad legislativa como las bromas ideológicas o los insultos, muchos legisladores llegan al recinto con sus community managers para grabarse a sí mismos y subir videos a las redes sociales.
Más allá de las modas y de las nuevas formas de posicionamiento en la opinión pública, un legislador tiene el deber de representar los intereses de sus electores y trabajar seriamente por el bien común.
