El Gobierno nacional ha salido a respaldar a su ministro de Economía, Luis Caputo, en su polémica con las empresas de medicina prepaga por los aumentos de los planes. Esto parece un despropósito para una gestión que se precia de defender la libertad de mercado, bajo la premisa de que todo producto y servicio termina encontrando por sí mismo su valor de equilibrio.
Según Caputo, la medicina prepaga le declaró “la guerra a la clase media” con sus aumentos de precios: “Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, afirmó.
Las empresas del sector, a través de las cámaras que las nuclean, difundieron un comunicado en el que señalan que “no son formadoras de precios” y que sobre sus costos impacta la inflación, “de la misma forma que impacta sobre cada familia argentina”.
El Gobierno reaccionó, como es habitual, redoblando la apuesta: advirtió que hay “un grado de cartelización” en el sector “que afecta a los argentinos”. La Superintendencia de Servicios de Salud se presentaría ante la Justicia y denunciaría a las empresas por supuestas “conductas abusivas”, tras haber comprobado que las principales empresas subieron sus cuotas en el primer cuatrimestre del año en un rango de precios muy parecido y muy por encima de la inflación.
Las empresas alegan que esos aumentos son consecuencia de que el actual gobierno liberó al sector de medicina prepaga del control estatal que regía hasta la asunción de Javier Milei. Y es cierto que las compañías debieron soportar durante los últimos años, como otros sectores, que el valor de sus planes se retrasara respecto de la inflación. Lo que hicieron en estos meses sería entonces una adecuación de los precios relativos, lo mismo que se ha propuesto el Gobierno; por ejemplo, con las tarifas de los servicios públicos.
En ese contexto, que las empresas tengan aumentos de precios parecidos no implica necesariamente una cartelización sino la misma “inflación reprimida”. Si los aumentos resultan abusivos es porque la cuota pasó a representar una proporción mayor del salario promedio, que perdió abruptamente su poder adquisitivo y se ha convertido en el precio relativo de la economía que este Gobierno intenta mantener controlado por debajo de la inflación.
Con todo, si una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia determinase que hubo colusión empresaria, su dictamen refutaría la premisa básica de este Gobierno a favor de la libertad de mercado, la libre competencia y la inutilidad del Estado.
Nadie en su sano juicio puede oponerse a la necesidad de abrir la economía del país y de abolir el anacrónico intervencionismo estatal sobre las principales variables económicas. Pero la única manera de implementar las nuevas reglas de juego y lograr que todos los actores las respeten por igual es el gradualismo y el consenso, fijando objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, para que el programa sea sustentable en el tiempo y el esfuerzo de la sociedad no resulte inútil.
