El Gobierno nacional presentó una nueva propuesta para modificar el Impuesto a las Ganancias. Lo hizo dentro del proyecto de reforma tributaria que el ministro de Economía, Luis Caputo, acercó a distintos sectores empresariales.
El eje central de la iniciativa apunta a bajar el piso desde el cual un trabajador empieza a tributar, y a ampliar de manera considerable la base de aportantes.
A cambio, el oficialismo promete un esquema de alícuotas más bajo para los tramos inferiores y un sistema de deducciones más amplio, que supuestamente otorgaría mayor progresividad.
Según trascendidos oficiales, el mínimo no imponible pasaría a un valor cercano a $ 1.700.000 mensuales brutos a partir de 2025.
Este número implica una reducción sustancial respecto del piso actual, hoy ubicado en $ 2.843.180 brutos para un trabajador soltero sin hijos.
Con este cambio, alrededor de tres millones de empleados volverían a quedar alcanzados por Ganancias.
El Gobierno destaca que ese mayor universo de aportantes permitiría sostener una carga tributaria más equilibrada, al combinar un piso más bajo con alícuotas menores en los tramos iniciales.
Además, la propuesta incorpora deducciones ampliadas. El tope anual ascendería a cinco millones de pesos, cuando hoy se ubica en $ 4,2 millones, y abarcaría rubros tan diversos como alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, movilidad –excepto transporte público–, así como seguros de vida y de retiro. También se incorporarían consumos cotidianos.
Pero la clave de esta discusión no reside sólo en la estructura de escalas o en el abanico de deducciones, sino en el punto de partida: el piso salarial a partir del cual un trabajador tributa.
Un salario bruto de $ 1.700.000 representa, en el contexto actual, un monto relativamente bajo para que un empleado registrado quede alcanzado por un impuesto cuya esencia debiera recaer sobre los ingresos más altos. Equiparar ese valor con la noción de “ganancia” tensiona la coherencia del tributo y abre interrogantes sobre su equidad.
Este debate se da mientras el Gobierno expresa su intención de consensuar la reforma impositiva integral con gobernadores y bloques legislativos.
Desde Economía, insisten en que el sistema tributario argentino necesita una revisión profunda que simplifique cargas, ordene impuestos distorsivos y recupere la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, un rediseño integral exige coherencia con la idea de progresividad en los impuestos directos, y esa coherencia se diluye si el mínimo no imponible se ubica en niveles que alcanzan a trabajadores de ingresos medios.
El país necesita un esquema tributario moderno, justo y eficaz. Es decir, gravar ingresos altos y asegurar que quienes más perciben aporten proporcionalmente más.
Sin eso, el sentido de la reforma quedará a mitad de camino.
El Gobierno debe revisar esta propuesta con una premisa clara: aliviar la carga sobre los trabajadores registrados con menores ingresos.
Una reforma que aspire a la equidad no debe recaer otra vez sobre quienes sostienen la mayor parte de la recaudación y reciben los menores beneficios.
Argentina necesita un sistema tributario más justo, y esa justicia comienza por definir con precisión quiénes realmente tienen capacidad contributiva.
