La inflación es un fenómeno que impacta todos los días en la organización social de los argentinos. Aun así, no dejan de sorprender los datos oficiales que, mes a mes, revelan un agravamiento de la coyuntura.
Los precios subieron siete por ciento en agosto, con un acumulado de 56,4 por ciento desde el inicio de 2022, lo que constituye el indicador más alto en los primeros ocho meses de los últimos 30 años.
Economistas, consultoras y bancos que participan del relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central esperan una inflación anual en torno del 95 por ciento, aunque muchos de ellos no descartan una suba de tres dígitos, por la aceleración de las últimas semanas.
La inercia inflacionaria ya se instaló en la cultura de los argentinos, más allá de un contexto internacional preocupante por los precios de la energía y la suba de tasas en los Estados Unidos.
El déficit fiscal es la principal causa de la persistente inflación en la Argentina, ya que el Estado nacional carece de financiamiento genuino para afrontar gastos que superan a los ingresos.
El compromiso asumido por el ministro de Economía, Sergio Massa, ante autoridades de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), para respetar el acuerdo firmado a comienzos del año, es la única hoja de ruta que exhibe el Gobierno para moderar el alza de bienes y servicios.
Esa decisión fue elogiada por sus interlocutores, quienes le dieron un trato distinguido y diferenciado en relación con otros interlocutores de la administración que encabeza Alberto Fernández.
Sin embargo, el oficialista Frente de Todos no parece mostrar una posición única a la hora de encarar los deberes necesarios para ajustar los gastos y encarar un plan que contenga la inflación, flagelo que degrada jornada tras las jornadas las condiciones de vida de la población.
Massa decidió encolumnar sus decisiones con las políticas que sugiere el FMI y el Club de París, con cuyas autoridades se reunirá a fines de este mes para renegociar las obligaciones con los estados europeos.
Por contrapartida, un sector del oficialismo es partidario de sumarse al rumbo que intentan imponer China y Rusia, al tiempo de obtener de ellos el financiamiento que requiere la Argentina para contener el déficit y concretar los proyectos de obra pública.
Además, los movimientos sociales reclaman más partidas de las que ya reciben sus afiliados; incluso, no están dispuestos a aceptar recortes para los beneficiarios que poseen dos o tres planes simultáneos.
Los gobernadores peronistas liderados por Jorge Capitanich, quien responde a las directivas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, plantearon una serie de reclamos que echan por tierra el proyecto presupuestario elaborado para 2023.
El cálculo prevé una inflación del 60 por ciento y recortes que no son aceptados por los mandatarios justicialistas, con lo cual es difícil imaginar el ajuste que necesitan las cuentas públicas para no incentivar la demanda ante una producción estancada.
Hay demasiadas divisiones en la gestión del Frente de Todos como para ofrecer un plan creíble que contenga al principal elemento disruptivo de la organización social.
