El triple crimen de Florencio Varela, en provincia de Buenos Aires, no debe ser considerado un simple hecho policial. El atroz asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez tiene las características de un acto de exhibicionismo de terror narco, que expone la crueldad del crimen organizado y la vulnerabilidad extrema de jóvenes en ciertas zonas de nuestro país.
El hallazgo de los cuerpos torturados y la revelación de que los homicidios fueron transmitidos en vivo por redes sociales para un grupo cerrado confirman el empleo del horror como un mensaje aleccionador del narcotráfico.
Se presume que este triple crimen no sólo buscaba una venganza por el supuesto robo de droga, sino que también pretendía sembrar el miedo en sus propias redes y en el territorio que la banda domina.
La extrema violencia, sobre todo la ejercida contra Lara, la menor de 15 años, con mutilaciones y torturas, rompe todos los códigos de humanidad. Este nivel de ensañamiento obliga a las autoridades a dejar de tratarlo como un caso de “homicidio simple” y a abordarlo como una estrategia de guerra narco que pone a las jóvenes más vulnerables en la primera línea de fuego.
Mientras el dolor de las familias de La Matanza no tiene consuelo, es necesario que la investigación vaya más allá de los cuatro detenidos (dos parejas encontradas mientras limpiaban la escena).
La hipótesis de una organización con base en barrios marginales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ramificaciones en el Conurbano, encabezada por un presunto jefe narco prófugo, obliga a una acción coordinada entre la Justicia federal y las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
Al mismo tiempo, este episodio sangriento también es un llamado de atención sobre la ausencia del Estado en los barrios. Una adolescente de 15 años que ejercía la prostitución y se vinculaba con el narcomenudeo ofrece todos los componentes de un fracaso colectivo.
Ya se ha dicho más de una vez: el narcotráfico ocupa el espacio que la educación, el trabajo y la protección social dejaron vacío desde hace mucho tiempo en el país. Es evidente que cuando el Estado deja libre el terreno donde se lo necesita, el crimen organizado tiene más posibilidades de tejer una trama de dinero fácil y violencia, cuyas víctimas son los más indefensos.
Como sociedad, es fundamental exigir justicia por Morena, Brenda y Lara. Además de la condena para los autores materiales, deben ser detenidos y enjuiciados quienes planificaron y ordenaron el crimen.
No hace falta insistir en que el sistema judicial argentino actúe con celeridad y eficacia, de modo que revierta la demora en la intervención de los celulares de las víctimas y llegue lo antes posible a todos los involucrados.
Este crimen, que combina la violencia machista con la brutalidad narco más extrema, no debe quedar impune y tampoco debe repetirse. Es imprescindible que el Estado desmantele las redes de narcotráfico y garantice la seguridad de toda la ciudadanía.
