El presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández protagonizaron un vergonzoso cruce en las redes sociales alrededor de un error garrafal del Gobierno, que pasó por alto que los sueldos del Presidente y los miembros de su gabinete aumentaron entre enero y febrero casi el 50%, justo cuando Milei había expresado su desacuerdo con el aumento de un 30% de las dietas de los legisladores nacionales.
El contrasentido fue detectado de inmediato por la oposición, que difundió su crítica por las redes sociales. Buscando salvar la situación, la respuesta presidencial descargó la responsabilidad en un decreto firmado por Fernández en 2010, por el cual, para mantener la pirámide salarial de la administración pública, cuando los empleados obtienen un aumento, este se replica en el personal jerárquico.
En ese mismo mensaje, el Presidente cometió otros dos desaciertos comunicacionales: por un lado, inició su texto con un “Me acaban de informar”, lo que delata su ignorancia sobre normas centrales de la administración; por el otro, aprovechó la coyuntura para cargar una vez más contra “la casta”, ya que el decreto en cuestión demostraría que los políticos siempre buscan favorecerse a sí mismos y, de esa manera, perjudican a los argentinos.
Si bien se mira, el cuestionado decreto pivota sobre el sentido común. Todos los cargos políticos de un gobierno, cualquiera sea este, remiten a ciudadanos que, como los demás, perciben un salario por su trabajo. Es lógico, entonces, que ese sueldo tenga incrementos periódicos. ¿De qué manera establecer el momento y el porcentaje indicado? Enlazándolo a las negociaciones paritarias de los empleados del Estado.
El mecanismo no implica corrupción ni inmoralidad alguna. ¿Qué necesidad tenía el Presidente de apuntar en ese sentido? ¿No era más atinado pedir disculpas y, si fuera su voluntad, renunciar al aumento o donarlo a alguna institución?
Porque, además, la efectivización del aumento requirió de un decreto que lleva la firma del Presidente. ¿No leyó ni analizó lo que firmó? Hay otra pregunta de peso: ¿no percibió en su cuenta bancaria que el sueldo se había incrementado?
Fernández, obviamente, retrucó: “Lo hacía más valiente, Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”
En su nueva respuesta, Milei le comunicó que había anulado el decreto y esbozó, en términos de pregunta, la posibilidad de anularle la jubilación que ella cobra como expresidenta (en enero, la expresidenta y exvicepresidenta recibió $ 14.548.836 en bruto) y asignarle en su lugar una jubilación mínima, algo que excede las atribuciones presidenciales.
Fernández entendió que había recibido una “amenaza” y, apelando a la letra de una canción, lo calificó “el pequeño gran matón de la internet”.
Los políticos pueden tratar de aprovechar hasta el más mínimo dato que les aporta la realidad para reafirmar su posición, algún proyecto particular o su ideología en general. Pero todo tiene un límite. Más aún cuando se pone en juego la investidura presidencial. En ese caso, nadie gana nada. Por el contrario, todos, incluidos los ciudadanos, perdemos.
