Con la consigna de que “algo más hay que hacer” para intentar detener la desenfrenada escalada del narcotráfico y del crimen organizado en la ciudad de Rosario, el Congreso de la Nación hizo un primer aporte tendiente a dar mayor relevancia y compromiso al Poder Judicial.
Aquella frase (algo tardía, a la luz de los hechos criminales que desde hace bastante tiempo han puesto en estado de pánico a la población de la principal ciudad santafesina) fue pronunciada por el presidente Alberto Fernández el pasado 2 de marzo, en la localidad salteña de La Poma.
Lo hizo casi forzado por el ataque a balazos a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. La embestida mafiosa, que recogió una rápida repercusión internacional, incluyó un libelo amenazante al propio astro argentino.
En sintonía con aquel “algo hay que hacer…”, la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles un proyecto de ley destinado a fortalecer la estructura de la Justicia en la provincia de Santa Fe, con fuerte injerencia en la castigada ciudad de Rosario.
La iniciativa debe ser tratada ahora por el Senado, que de acompañar el criterio de la Cámara Baja, como se espera, creará medio centenar de cargos en la Justicia Penal Federal santafesina.
El proyecto es amplio en materia de implementar el sistema acusatorio previsto en el nuevo Código Procesal Penal Federal, al tiempo que pone al Ministerio Público Fiscal a la cabeza de las investigaciones (tal como ocurre en Córdoba).
En la incipiente formulación del proyecto legislativo, por ahora se hace especial referencia a la creación de decenas de cargos, un tema siempre difuso en la administración del Estado en la Argentina.
Con todo, es pertinente encuadrar el proyecto en la dirección correcta, de modo de fortalecer la Justicia en aquella provincia, en el arduo combate contra las mafias narco. Es, en definitiva, un avance en un contexto complicado, y otras disposiciones tendrán que ocupar la agenda del poder político.
El crimen narco y la expansión del flagelo de las drogas es también un llamado de atención para otras jurisdicciones en riesgo, entre ellas, la provincia de Córdoba, con especial foco en la ciudad capital.
Rosario cobró dimensiones criminales impensadas y centralizó la lucha contra malvivientes pesados que superaron largamente la capacidad de control y de represión de las fuerzas de seguridad. No es un dato novedoso, como tampoco lo es el despliegue de bandas narco en algunas barriadas cordobesas.
La gravedad del desmadre rosarino nos coloca, además, en una suerte de alerta permanente frente a una posible fuga de malhechores hacia otros distritos. Y, vale advertirlo, Córdoba no debe claudicar en la persecución a los narcos.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados está bien encaminado. Sólo queda la sanción definitiva de parte del Senado y la puesta en vigor de una ley que aporte al combate, y que no quede enmarañada sólo en la designación de personal.
