Villa Yacanto, un pequeño y pujante municipio del Valle de Calamuchita, acaba de marcar un hito en la historia institucional de Córdoba: por primera vez en la provincia, se aprobó una ordenanza gestada íntegramente por iniciativa popular.
El Concejo Deliberante local votó por unanimidad la creación de una Asamblea de Vecinos, un órgano consultivo que no forma parte de la estructura municipal, pero que tendrá la misión de representar a la ciudadanía en forma directa ante el Ejecutivo.
La flamante ordenanza permite a la comunidad tener una voz institucionalizada en el debate público. La Asamblea se reunirá cada tres meses con el intendente y estará integrada por representantes elegidos por voto directo en cada barrio o paraje.
Esos representantes podrán plantear necesidades, controlar obras y servicios municipales y recibir asesoramiento técnico del Gobierno local.
Se trata de una experiencia democrática de base, austera –sin retribuciones económicas–, pero potente en sus implicancias: una comunidad organizada, que propone y supervisa, con herramientas concretas y un marco legal claro.
La idea no surgió del poder ni de los partidos tradicionales, sino de un grupo de ciudadanos sin representación legislativa, que decidió utilizar los mecanismos previstos por la ley provincial 8.102 para impulsar su proyecto.
Reunieron firmas certificadas, participaron en comisiones y lograron un texto consensuado. Esa constancia cívica obtuvo algo más que una ordenanza: sentó un precedente sobre el valor de la participación vecinal organizada.
Y aunque Yacanto no propone reemplazar sus instituciones representativas sino complementarlas, bueno sería también que esto sirva para repensar la legitimidad y la tarea de los concejales.
La Asamblea no tiene poder de decisión ni competencias ejecutivas, pero puede ejercer una función esencial: la del control social, la canalización de propuestas y la vigilancia ciudadana.
En un país muchas veces signado por la apatía o la desconfianza en la política, esta ordenanza demuestra que otra forma de intervenir en lo público es posible.
La experiencia recuerda prácticas implementadas en varias ciudades, como el presupuesto participativo o las asambleas barriales, pero que nunca terminan de implementarse de manera consensuada y sostenida. A veces parece que las autoridades locales las impulsan sólo como un simulacro de participación, pero en la práctica es poco lo que logran o cambian.
Además, quienes dirigen las estructuras de gestión pública debieran empezar a entender que están ahí transitoriamente, que el Estado no es su propiedad y que la transparencia y el control es lo más básico que le deben a su comunidad. Y que mientras más directo es ese control, menos riesgo de corrupción existirá.
Si la audaz Asamblea de Yacanto lograra sostener su espíritu apartidario y cumplir sus funciones con responsabilidad, puede convertirse en un modelo replicable para otras localidades de la provincia y del país.
En tiempos en los que la democracia necesita ser fortalecida, bien harían otras autoridades en fomentar este tipo de iniciativas, que traen un soplo de aire fresco entre tanta tormenta nacida de una forma obsoleta de hacer política.
